Si el solo hecho de que unas aeronaves colombianas –dos helicópteros y un avión, para ser más precisos– incursionen sin más ni más en territorio ecuatoriano y ametrallen a la población civil es una cuestión injustificable, la forma como el gobierno colombiano afrontó la situación que se desencadenó luego resultó lamentable.

Definitivamente, este es un asunto que deja muy mal parado al Presidente de la República en dos frentes: el manejo de nuestra guerra y las relaciones internacionales.

La razón por la cual aeronaves colombianas estaban surcando cielo ecuatoriano todavía no han sido reveladas y seguramente nunca lo serán, pues esa información debe pertenecer al secreto que cubre al Plan Patriota, que a estas alturas del partido nadie sabe cómo va. La versión del Presidente de la República, según la cual “por necesidad de evitar que el grupo terrorista FARC, en violación del territorio ecuatoriano, continúe desde esa hermana Nación lanzando atentados para asesinar a nuestros soldados y policías […] nuestra Fuerza Pública ingresó involuntariamente al Ecuador” no justifica lo sucedido.

Por una parte, según informes de prensa ecuatorianos, las naves militares colombianas “comenzaron a dar vueltas sobre la embarcación” y los disparos “impactaron en las aguas a pocos centímetros de ambos lados”. Estos y varios testimonios más –de civiles de la zona, directamente afectados– fueron divulgados la semana pasada y desvirtúan la pretensión de Colombia de que tales maniobras fueron accidentales.

Por otra parte, el canciller ecuatoriano, Francisco Carrión, afirmó que por las circunstancias y las características del lugar se podía “presumir que con absoluto criterio, conocimiento, voluntad y premeditación se planificó en este sentido un ataque aéreo”.

Y si la operación bélica fue mal planeada y ejecutada, la operación diplomática fue peor todavía. En menos de una semana se pasó de la ignorancia absoluta por parte de la Cancillería colombiana, a la aceptación plena de los hechos; eso sí sin reconocer del todo la culpa que le cabe este asunto al Estado colombiano y que sólo sirve para menoscabar el aprecio del que aún gozamos los colombianos en Ecuador, país amigo y uno de los pocos donde ser colombiano hasta hace poco se consideraba todavía una cualidad y no una desventaja, como ocurre en la mayor parte del mundo.

Al gobierno nacional le debe quedar más de una lección, luego de este absurdo incidente diplomático con un vecino y aliado.

En primer lugar, la guerra de Co-lombia contra las Farc es de Colombia y no de los países vecinos. Ahora, si las Farc actúan en países limítrofes, es a las autoridades de dichos países a las que les corresponde enfrentarlas; no a nuestras Fuerzas Armadas, ingresando ilegalmente a otros territorios. Es increíble que Colombia aplique en el sur del país los mismos y chocantes procedimientos que Venezuela utilizaba en nuestra frontera oriental y que tanto nos mortificaban; y con el mismo pretexto: perseguir a la guerrilla.

Segundo, este es un nuevo aviso para que Colombia aprenda a manejar con más tacto la situación con Ecuador, aliado nuestro y donde siempre nos han hecho sentir como en casa. Sin embargo en el último año esta relación –muy dinámica por la vecindad de que gozamos– ha estado salpicada de sinsabores, empezando por el papel de la anterior embajadora en ese país, María Paulina Espinosa de López, cuestionada por la prensa ecuatoriana y en conflicto hasta con los empleados de la propia sede diplomática en Quito, por una gestión bastante polémica.

Si en un futuro se presentan nuevos incidentes –nada de extrañar, dada la actitud belicista de nuestro flamante mandatario–, lo que hay que hacer no es negarlo ni tratar de ocultarlo, sino asumirlo y tomar las medidas correctivas del caso, incluyendo prontas y sinceras disculpas, si hay lugar para ello. Es bien sabido que el orgullo deja un mal sabor cuando toca tragárselo, pero a veces es necesario hacerlo, pues en el mundo diplomático se ve muy mal hablar con la boca llena, sobre todo cuando la soberbia se comienza a escurrir por las comisuras.