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SALIENDO DEL CLÓSET Por
Natalia Springer*
Especial para UN PASQUÍN La semana pasada tres documentos clave, que recomiendo sin duda,
han salido a la luz pública. En primer lugar tenemos el Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
la Alocución inaugural del excelentísimo Monseñor
Luis Augusto Castro Quiroga a la LXXX Asamblea Plenaria de la Conferencia
Aunque escritos desde orillas diversas, los documentos guardan íntima relación. Los dos primeros describen, uno con el lenguaje de la diplomacia de los derechos humanos y el segundo desde la voz de la fe, la situación dramática que se vive en Colombia a causa del conflicto armado. Aunque por motivos de espacio me resulta imposible analizar su contenido, sí quisiera resaltar la valentía y la firmeza con la que Naciones Unidas informa sobre la real situación de orden público, no duda en condenar las violaciones cometidas por todos los actores armados y hace un llamado irrestricto a la guerrilla exigiendo la libertad inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Más conmovedor aún el discurso apasionado y profundamente compasivo, imbuido de un increíble amor, de parte de Monseñor Castro. Resalto de este la frase contundente: “No hay paz, donde hay hambre”.
El escueto documento de 7 páginas, resultado de un trabajo que tiene antecedentes en junio de 2005 y fue producido por una aun incompleta comisión (sin representación de las víctimas), sorprende por su falta de contenido. El documento inicia invitando al “diálogo colectivo”, un diálogo sin metodología ni precedentes; no olvidemos que la aprobación de la ley vio algunos de los debates más degradantes de la historia y que entonces la opinión de las víctimas tampoco fue tenida en cuenta. La Comisión se propone construir un “modelo colombiano” de reparación y reconciliación. Y se trata en verdad una propuesta sui generis. Todas las Comisiones de este tipo empiezan por la exploración de la verdad por su importancia para diagnosticar la magnitud de lo sucedido y formular las medidas para remediarlo. Esta Comisión propone lo contrario. Empezar por la reparación y la reconciliación y en un futuro, aun no establecido, explorar la verdad. Definitivamente muy novedoso y local eso de empezar al revés. La pregunta obvia es: ¿cómo reconciliarán y a quién repararán, si no tienen idea de lo que pasó?
Y, por supuesto, está de por medio la pregunta de cómo salvarán este obstáculo que parece no merecer gran reflexión: ¿cómo instaurarán una comisión en medio del conflicto**, y cómo garantizarán las condiciones de seguridad para proceder? ¿Tomarán las versiones de una sola de las partes?. ¿O será que colombiano en este contexto significa basarse en esta muy colombiana tradición de borrón y cuenta nueva para perpetradores de crímenes atroces, o aludirá a la impunidad y el perdón (nunca concedido) y el olvido (que nunca es real) para conseguir la reconciliación? El mandato de la Comisión es tan diverso como imposible de cumplir, un error que tiene origen en la ley pero que no se corrige al no establecer claras prioridades. Se establece, por ejemplo, un deber de proteger a las víctimas, monitorear la desmovilización el desarme y la reinserción, investigar las raíces del conflicto, supervisar, planificar, coordinar y supervisar la política de reparaciones y evitar la recurrencia de la violencia. Un mandato que resulta aún mas sorprendente si se tiene en cuenta que la Comisión no tiene poderes judiciales ni policiales; no establece claramente la cadena de responsabilidades (nadie firma el documento); no tiene claros los tiempos de ejecución; no tiene fondos sustanciales y el personal que se necesitaría para hacer lo que pretende excedería por mucho lo previsto. Podría seguir, pero no tiene sentido. Aún si la Comisión encontrara la manera de superar todos estos obstáculos y diseñara una estrategia ganadora, no podría conseguirlo, pues la misma ley 975 de 2005, a través del decreto que la reglamenta parcialmente, contradice y obstaculiza mortalmente el cumplimiento de estos objetivos al bloquear todos los esfuerzos por expropiar los bienes ilegalmente adquiridos, hoy en manos de testaferros, lo que significa que la Comisión jamás conseguirá, bajo las condiciones actuales, reparar a las víctimas. Por entendido, la reconciliación tampoco es viable. Algunos lectores de estas páginas me han hecho llegar sus mensajes de cariño y me han pedido que guarde prudencia. Agradezco sus palabras que me reconfortan, pero debo decirles que en la breve experiencia en distintos conflictos, he tenido la gracia de ver el sufrimiento y vivirlo al lado de los más olvidados, de aquellos que han padecido las mayores humillaciones y que huyen aterrados por la violencia atroz con sus hijitos agarraditos del cuerpo. Es una gracia, lo repito, porque jamás podré volver la vista y hacer de cuenta que no está pasando nada. Mi corazón y mi vocación están atadas a la búsqueda de soluciones para menguar su sufrimiento. Y es por eso que considero un deber urgente, desde esta humilde columna, el hacer un llamado a la Corte Constitucional de Colombia para que declare inconstitucional la “Ley de Justicia y Paz”, una norma inmoral, antiética y vergonzante que no solamente viola fundamentales derechos humanos garantizados por la Carta de 1991 y principios elementales del derecho internacional sino que se burla desafiante del dolor de los millones de colombianos que son víctimas primarias de la violencia. Es deber de la Corte el garantizar el estado de derecho y como institución independiente, proteger los derechos de los más vulnerables, o en palabras de su hoy presidente, honrar la “alianza estratégica entre los desprotegidos con los jueces para proteger los derechos constitucionales fundamentales”***. Los invito a desafiar el miedo que ha prevenido el análisis serio y concienzudo del contenido de la ley y proponer una nueva reflexión al país. Al fin de cuentas, como pocas veces en la historia, no se trata tan solo de examinar una ley sino de hacer justicia. * Autora de “Desactivar la Guerra. Alternativas Audaces para Consolidar la Paz”. Ed. Aguilar. La autora desea agradecer a A. von Schwarzenberg por sus valiosos comentarios. **Los riesgos de un escenario así fueron advertidos ya en el libro “Setting Up a Truth Commission in the Middle of the Conflict” (2000) y en “ La Verdad en los Tiempos del Miedo” (2002). *** Traducción libre de la frase del Manuel José Cepeda, presidente de la Corte Constitucional, en ‘Democracy, State and Society in the 1991 Constitution: The Role of the Constitutional Court’ (1998).. |
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Episcopal
Colombia-na y Elementos para la Construcción de una Hoja
de Ruta, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
