Por Natalia Springer,
Especial para UN PASQUÍN

Hace un par de semanas un periodista le solicitó al Alto Comisionado de Paz, Dr. Luis C. Restrepo, que hiciera algunos comentarios a las críticas que han surgido al modelo de reinserción de ex combatientes de los grupos paramilitares. El Comisionado, no obstante, ofreció una respuesta inusitada al mencionar que él solo se hacía cargo del proceso de desarme.Lo sorprendente de su respuesta, sin embargo, no es que haya decidido reducir su extensa labor como conciliador, vocero, proponente y responsable de lo que sería la política de paz de este gobierno a la mera ejecución del desarme, sino que ha confundido la recolección de armas en eventos concretos con el complejísimo proceso de desactivar la capacidad bélica de, en este caso, un ejército irregular de enormes proporciones. A pesar de ello, es importante matizar que el error no es exclusivo a este caso. Con frecuencia los mandatos reducidos e insuficientes de las misiones de desarme asumen erróneamente que el volumen mas importante de material bélico esta en manos de los combatientes formales y adoptan la entrega de armas como el indicador mas critico para la evaluación de la situación de seguridad.

En las guerras civiles que tienen lugar en la actualidad y que comparten similitudes con el caso colombiano, se ha probado que mas que el cómo plantear las entregas simbólicas de armas, es vital entrar a establecer previamente con el soporte de lo que sería una ‘Comisión Militar de Verificación’, no sólo el tipo de armamento que utiliza el ejército irregular que ha de desmantelarse sino especialmente cuales son los canales de provisión y trafico del material bélico, los modos de financiación, la población objetivo, las áreas criticas y losindicadores que han de adoptarse para la evaluación del cese del fuego.

Muy pronto, los verificadores encuentran que el desarme es un proceso multidisciplinario que no puede reducirse exclusivamente a sus aspectos técnico-militares, que ha de proyectarse a largo plazo y que involucra un espectro amplio de estrategias a distintos niveles para controlar la demanda, la oferta, el uso y porte de armas, para menguar la presión sobre indicadores críticos de seguridad humana (coerción, libertad de movimiento, libertad de expresión, etc) pero también para neutralizar los riesgos y contener los daños que siempre intentaran infligir los “saboteadores” del proceso, es decir, aquellos que están interesados en impedir el éxito de la operación bien porque no participan de ella, bien porque obtienen grandes beneficios económicos ademas del cobijo de la impunidad, beneficios que desaparecen en la medida en que la paz se materializa.

Es importante anotar que aunque insuficiente (se calcula un promedio de 5 armas por combatiente en conflictos de este tipo y en Colombia la entrega ha sido de aproximadamente un arma por cada dos combatientes, lo que es considerado como razonable en términos internacionales), el proceso ha arrojado resultados importantes y podría sugerir, dado que la calidad y cantidad de armas ha mejorado sustancialmente, que probablemente sí se esta avanzando en la confianza y el desarme apenas comienza a dar frutos. La gran pregunta de hoy, además de la ausencia vital de una verificación del cese del fuego es la sostenibilidad de los resultados. Será necesario prestar mucha atención al comportamiento del proceso en esta época electoral en la que parecen arreciar los ataques de las FARC, una coyuntura que podría resultar devastadora en un conflicto cuyas dinámicas tienen carácter sintético.