El nuevo Recadi

Colombia no debería utilizar un tono suplicante para implorarle a Venezuela que se quede en la CAN. Ni mucho menos hacer ofrecimientos que nos pueden salir por un ojo de la cara: como el que hizo el presidente Uribe a Bolivia.

La ministra venezolana de industria y comercio, Maria Cristina Iglesias, le dio recientemente al canal ocho de la televisión de Caracas unas declaraciones, detrás de las cuales puede estar la clave para entender el fondo en la pataleta estridente de Chávez contra la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual anunció el retiro de su país.

La ministra Igle-sias dijo, en síntesis, que por instrucciones directas de Chávez estaba preparando una profunda reorganización del comercio exterior venezolano; que su país estaba importando demasiado; que se estaban pensando que solamente los industriales que demostraran que las materias primas o los equipos que necesitaran no se producían en Venezuela podrían recibir dólares y permisos de importación. Y que se establecerían controles administrativos mucho más rigurosos.

Como quien dice: Venezuela se prepara para entrar a manejar administrativamente todo su comercio exterior. Lo que representa no solo un retroceso de cincuenta años hacia una economía estatizada, sino que, obviamente, los compromisos legales adquiridos dentro de la CAN para preservar un mínimo de normas que garantizan libertad de mercado dentro de la comunidad andina son incómodas para los propósitos Chavistas.

Por supuesto: desde el punto de vista publicitario era mucho más vistoso para Chávez echarle la culpa a Colombia y al Perú por haber firmado un TLC con los Estados Unidos. Pretendiendo que ello es incompatible con los estatutos de la CAN, lo cual no es cierto. De una manera torpe pero llamativa Chávez cree así ponerle una nueva banderilla al señor Bush en la larga pelea que con él mantiene. Pero con la salida de la CAN prepara también el terreno para implantar en Venezuela, sin ningún tipo de cortapisas legales, un anacrónico control de cambios y un manejo burocrático de los permisos de importación que no podrá terminar sino en una gigantesca corrupción. Adicional a la no insignificante que ya rodea el régimen de Chávez.

En el vecino país fue célebre la gran corrupción que se generó hace algunas décadas en torno al sistema denominado RECADI, por el cual el Estado Venezolano se reservaba el derecho para escoger a dedo quién obtenía licencias de importación y quien no; y a quién se le vendían dólares baratos y quién debía comprarlos caros. Un nuevo RECADI parece ser lo que tiene en mente el régimen Chavista. Por eso la permanencia en la CAN le resultaba incómoda.

El comercio entre Colombia y Venezuela, desde luego, no va a desaparecer por el hecho de que ésta se retire de la CAN para pedir ingreso al MERCOSUR. Son demasiados los vínculos entre los dos países y es tan grande su complementariedad económica que las relaciones proseguirán, esté Venezuela dentro de la Comunidad Andina o fuera de ella. Pero es obvio que una estatización arbitraria del comercio exterior por parte de Venezuela creará muchos dolores de cabeza a nuestros empresarios. Como ya ha acontecido en el pasado en no pocas ocasiones.

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Posdata: Colombia no debería utilizar un tono suplicante para implorarle a Venezuela que se quede en la CAN, ni mucho menos hacer ofrecimientos que nos pueden salir por un ojo de la cara: como el que hizo el presidente Uribe a Bolivia de compensarla económicamente si sufría algún menoscabo con la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Si en virtud del TLC los importadores colombianos pueden traer soya más barata de los Estados Unidos que de Bolivia, ¿por qué habríamos de compensar a ésta última? ¿Acaso no se trata de eso precisamente un TLC?

En esto de las ofertas económicas para aplacar malestares políticos (a las que es muy aficionado este gobierno) hay que ser muy cuidadosos. Recordemos lo que sucedió con los ofrecimientos que salieron a hacer con gran despliegue el Ministro de Agricultura y el propio Presidente a los sectores afectados por el TLC. Según dichos anuncios se les darían $500.000 millones por año a título de compensación. Pues bien: el Ministerio de Hacienda ya salió (una vez hicieron bien las cuentas de los recursos disponibles) a advertir que no había tanta plata. Y que en el mejor de los casos habría $350.000 millones para calmar a los sectores afectados. Y ni un centavo más. ¡Qué tal ahora ofreciéndole compensaciones económicas a Bolivia!