Cooperativismo para desmemoriados

La administración Uribe sufre de amnesia cuando se trata de reconocer los méritos de administraciones anteriores.

Hay que celebrar la venta de Megaban-co. El Estado, a través de Fogafín, recupera así una suma importante de dinero que podrá dedicar ahora a otros frentes prioritarios de la inversión social.

Algunos círculos gubernamentales, sin embargo, presentaron esta operación como el resultado de una gestión milagrosa que se habría logrado exclusivamente durante este gobierno. Olvidando por completo cuándo y cómo se gestó Megabanco. Y haciendo gala de la amnesia que acostumbra acompañar a la administración Uribe cuando de reconocer los trabajos de anteriores administraciones se trata.

Cuando se posesionó el gobierno de Andrés Pastrana, el 7 de agosto de 1998, encontró cerca de 800.000 colombianos que –habiendo ahorrado en el sistema cooperativo– tenían en aquel momento sus platas envolatadas.

A esta calamitosa situación se había llegado por muchas razones: porque gran parte del sistema cooperativo estaba al borde del colapso por deterioro patrimonial. Porque había una crisis generalizada de confianza. Porque a lo largo de los años noventas se había presentado una malformación en el patrón de crecimiento del sector consistente en el surgimiento de muchas entidades financieras de naturaleza cooperativa y pocas de producción y consumo. Por falencias en el marco institucional de control y vigilancia. Y, en fin, por malos manejos.

Desde la primera hora la anterior administración se aplicó con todo empeño a rescatar la confianza del público en el sistema cooperativo. Y en evitar una catástrofe aún mayor entre los ahorradores y asociados del sistema.
Fue así como desde la emergencia económica que se decretó en noviembre de 1998 el rescate del sistema cooperativo estuvo en la mira de las autoridades de entonces. Parte del impuesto sobre las transacciones financieras se dedicó a resarcir a los ahorradores cooperativos injustamente damnificados. Se reforzó el esquema institucional de control y vigilancia. Se creó el Fogaccop. Se pusieron en conocimiento de la fiscalía todas las actuaciones irregulares de que se tuvo conocimiento. Se intervino aquellas cooperativas que no ofrecían garantías de idoneidad patrimonial al público. Y se capitalizaron aquellas que aún eran viables.

Uno de los frentes en los que se actuó con mayor determinación fue el de las entidades cooperativas de segundo grado (bancos cooperativos), que estaban también gravemente deteriorados y se encontraban afectados por deterioro patrimonial agudo y grave crisis de confianza entre el público. De no haber apoyado a estas entidades cooperativas de segundo grado habría -muy probablemente- que haberlas intervenido con cerramiento de puertas. Llevándose así de calle los ahorros de inmensas cantidades de clientes y los aportes cooperativos de sus afiliados.

En este orden de ideas el gobierno propició el amalgamamiento de Bancoop, Cupocrédito y Coopsibaté en torno a Coopdesarrollo. De esta fusión nació Magabanco al cual le hizo un cuantioso crédito Fogafín para hacerlo viable patrimonialmente. Se salvaguardaron así los ahorros de un millón quinientos mil colombianos que de otra manera se habrían perdido; se salvaron los aportes de 167.000 asociados; se protegieron las economías en su mayoría de pequeños ahorradores en suma no inferior a $ 2 billones; y se mantuvo la operación comercial de $3,3 billones activos.

En suma: se preservó la confianza y la viabilidad del sistema cooperativa que estuvo a punto de periclitar.

El banco que surgió de aquella fusión de entidades cooperativas de segundo grado –Megabanco– y que afortunadamente fue muy bien manejado en estos últimos años, es el que ahora se ha privatizado exitosamente.

Pero como ocurre siempre detrás de las cosas que salen bien siempre hay una larga historia que las hace posibles. Que no es conveniente olvidar. O callar.