Sin embargo, para ilustrar la anterior aseveración, nos basta llamar la atención sobre dos hechos que están vivos en la memoria de los colombianos: el repudio general a la financiación de la campaña presidencial de 1994 con dineros del narcotráfico, y el profundo descontento que despertó la forma como fue conducido el proceso de paz con la guerrilla, en el gobierno del presidente Pastrana.

El primero de esos hechos casi ocasiona la caída del presidente Samper. Este se mantuvo en el poder, gracias al apoyo que le dio la clase política del Congreso, al impedir, prevaricando, que fuera enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia. Como se recordará, la Cámara de Representantes lo exoneró de cargos, a pesar de haberse probado el ingreso de dineros ilícitos en su campaña y de haberse establecido que era imposible que el candidato no se hubiera percatado del ingreso de esos dineros.

El segundo, aunque no puso en peligro la continuación del gobierno del presidente Pastrana, causó una conmoción tan grande en el país, que llevó a muchos colombianos a adoptar una solución peor que la crisis que se afrontaba, y que consistió en llevar al poder a un político de extrema derecha a quien se acusaba, y no sin fundamento, de tener vínculos con los paramilitares.
Antes de que llegara Uribe al poder, la inmensa mayoría de los colombianos repudiaba por igual los crímenes de la guerrilla y de los paramilitares. Pero, después de haberse instalado en el solio presidencial, esos mismos colombianos han sido víctimas de una especie de “embrujo autoritario”, que los ha llevado a secundar a Uribe en su propósito de combatir sólo a la guerrilla y de hacer la paz con los paramilitares, con el fin de fortalecer su designio de perpetuarse en el poder.

Lo más censurable es que Uribe quiera prolongar su permanencia en la presidencia de la República, valiéndose de los mecanismos más podridos de la politiquería y la corrupción. A pesar de haber sido elegido, conforme a la Constitución –que él juró cumplir– para un período de cuatro años, logró conformar en el Congreso la mayoría necesaria para cambiar la norma que prohibía su reelección inmediata. Fue éste un descarado golpe de mano para quedarse en el poder por más tiempo del que constitucionalmente le correspondía.

El Presidente Uribe, consecuente con su posición inicial, ha procurado la impunidad de los crímenes atroces de los paramilitares; ha facilitado el ingreso de éstos a la actividad política; ha permitido que influyan en la elección de ‘uribistas’ en el Congreso, sin que le importen los métodos que empleen. Y no ha querido decir si acepta o no el apoyo que ellos le ofrecen a su aspiración reeleccionista.

Es clara la intención que tiene el presidente de entregarle el control del Estado a los paramilitares. Les ha abierto las puertas del Congreso, donde ellos dicen tener ya el 35% de senadores y representantes. Y, ante la presión que ejercieron, echó atrás la decisión de internar a “Don Berna” en una cárcel de máxima seguridad.

Es inconcebible que el pueblo colombiano, que ha sido tan aguerrido en las luchas democráticas y tan combativo en la búsqueda de la vigencia plena del estado de derecho, se haya dejado seducir por el “embrujo autoritario” y esté permitiendo que un gobernante con más vocación dictatorial que democrática, atropelle y vilipendie, como lo está haciendo Uribe, las instituciones más respetables del país.