Por Natalia Springer*
Especial para UN PASQUÍN

Mucho se ha hablado sobre conductas populistas de varios mandatarios suramericanos en especial de nuestro vecino de al lado. Pero no solamente Hugo Chávez tiene comportamientos populistas, si-no también Kirchner, Lula y por supuesto nuestro presidente. ¿Son acaso arrebatos para obtener réditos políticos? ¿Es una vuelta a un populismo estilo Perón o Rojas Pinilla, o es un nuevo modelo?

Mi primera afirmación es que se trata de un nuevo modelo de comportamiento político originado en el derrumbe de los partidos políticos clásicos en este continente. Naturalmente con variaciones y diferencias de grado propias de condiciones nacionales, desde la década de 1990 se inició en toda América Latina un proceso que tuvo varias denominaciones. Reforma económica, Consenso de Washington o apertura económica, como se conoció en nuestro país, fue la adopción de al menos tres tipos de medidas: el desmonte de aranceles a los productos importados, privatización de empresas estatales y desmonte del poder regulatorio del gobierno en la economía.

Estas tres reformas quitaron a los gobiernos el poder de determinar las principales variables económicas, tales como fijar salarios, poner topes a precios, fijar el precio del dólar, la cantidad de dinero, la tasa de interés, la cantidad de importaciones y exportaciones y manejar la provisión de servicios públicos a través de oferta subsidiada. Este poder anterior a los noventa conformó un estilo de política orientada a controlar al ejecutivo o a hacer parte de él, y desde allí se proveían servicios públicos y sociales. Así el fin de la política era estar en el ejecutivo y controlar la oferta de servicios. El clientelismo que consiste en nombrar funcionarios era parte de esta dinámica.

La apertura como se conoce en Colombia este proceso –que fue similar en toda América Latina e implicó que los gobiernos perdieran capacidad de gobernar de la forma tradicional– de dispensar favores y distribuir poder y riqueza como se venía haciendo anteriormente.

Por ejemplo, la provisión de vivienda para sectores pobres se hacía a través de un instituto, antes llamado Inscredial, ICT, y luego Inurbe, que construía vivienda popular y la vendía a familias pobres con precios subsidiados. La reforma económica implicó terminar sustancialmente con los subsidios a la oferta, como por ejemplo venta de casas más baratas que el costo de producción, y en lugar de ello dar subsidios individuales y directos a familias pobres en forma de subsidio a la demanda. Hoy el gobierno otorga un subsidio, un cheque, de hasta 9 millones pesos a familias pobres sin vivienda para que ellos la compren donde quieran o donde más les convenga, en lugar de vender casas baratas en urbanizaciones hechas por el gobierno.

Así ocurre en salud con el régimen subsidiado, que es un carnet que da un derecho –muchas veces teórico e ineficiente pero esa no es la discusión en este escrito–, a ser atendidos en entidades prestadoras de salud, sean públicas o privadas. Antes el estado construía y subsidiaba hospitales públicos y atendía por beneficencia a los sectores pobres cuando acudían a estos servicios. Se cambió entonces el subsidio a la oferta por subsidio a la demanda.

Así el gobierno perdió el poder de otorgar favores, y los sectores o partidos políticos que buscaban controlar al estado para controlar la provisión de servicios empezaron a mostrarse ineficientes y alejados de la población. Como adaptación a esta nueva realidad algunos sectores políticos recurrieron a formas ingeniosas, pero ilegales, para mantener el control de la oferta de servicios. Recuerden las fundaciones y ONGs que han montado (?) varios políticos y sus familiares para gestionar subsidios de vivienda, o el control ilegal –entre alcaldes y paramilitares– de los subsidios de salud.
Este cambio en la orientación del papel de los gobiernos en la prestación de servicios dejó a los partidos y a los políticos sin materia prima que trabajar tal como venían acostumbrados.

Algunos mandatarios intuyeron que, sin cambiar el sistema, había que hacer conocer que los subsidios a la demanda eran también un favor del gobierno. En lugar de cortar cintas inaugurando urbanizaciones populares, como lo hizo Alberto Lleras en Ciudad Kennedy, se descubrió el poder de la televisión para difundir que el cheque que recibe una familia para adquirir vivienda es también un favor del jefe del estado.

Así, mediante la televisión, los jefes del ejecutivo lograron capitalizar en su favor los presupuestos destinados a subsidiar la demanda. Ese recurso es el que usan mandatarios tan disímiles en su ideología como Chávez, Kirchner, Fujimori y Uribe. Lo que era un grito de libertad que rompía las ataduras entre el Estado y el individuo, que daba libertad a los sectores pobres para escoger dónde y quién les debía prestar servicios como salud o qué vivienda comprar, que era el subsidio a la demanda, se revirtió y capitalizó a favor de los mandatarios mediante el uso de los medios masivos y con la presencia del mandatario haciendo entrega de cheques que en un sistema político maduro se entregarían por ventanilla o sin la intermediación del jefe del estado.

Esta modalidad de cómo convertir un derecho en un favor mediante la aparición del jefe del ejecutivo en medios de comunicación es el primer capítulo de una teoría en construcción sobre el neopopulismo. La política es determinada por la economía y el neopopulismo así definido es un resultado de un cambio en el modelo económico.