¡Sálvese quien pueda!

Con la Seguridad Democrática en su peor
momento, el gobierno se opone al desarme
de los particulares y les ofrece armas
subsidiadas a los concejales amenazados.

Parece que en medio de los terribles acontecimientos que han sacudido al país –el último de los cuales fue el vil asesinato de Liliana Gaviria, la hermana del ex presidente César Gaviria Trujillo– la injustamente célebre estrategia de Seguridad Democrática, bandera del candidato/presidente, está tomando un giro un poco inesperado, y dejará de ser una política estatal para convertirse en una práctica paraestatal, llevada a cabo por particulares. Así se desprende de diversas acciones que parecieran encaminadas en esa dirección.

Armaos los unos a los otros
Por una parte, está la oposición del Presidente de la República a la propuesta de desarme hecha por el Alcalde Mayor de Bogotá. La idea de Lucho Garzón sería someter a un referendo la posibilidad de prohibir a todos los particulares el porte de armas, estén o no amparadas por un salvoconduto. La iniciativa fue divulgada por el Alcalde la semana pasada, tras conocerse la noticia del disparo que recibió Edwin Camilo Penagos, estudiante de 12 años del Colegio Don Bosco, de Bogotá. Inmediatemente el presidente salió al paso de la propuesta. “A un señor que tenga unos cultivos, que tenga que trasladarse a zona rurales y que porte su arma de defensa y si es un señor responsable con salvoconducto, no se le puede quitar esa escopeta”, dijo Álvaro Uribe, quien adujo que sería necesario revisar la norma caso por caso.

Curiosamente eso mismo le dijo el Presidente a un pasquín en enero pasado, a propósito del aborto. “Yo estoy de acuerdo con que la Corte Constitucional, caso por caso, se pronuncie”, respondió en aquella oportunidad. Casualidad o no, lo cierto del asunto es que en el tema del desarme el presidente/candidato también resolvió ‘bajarse por las orejas’, como se dice popularmente, dejando planteada la posibilidad de que los particulares tomen la seguridad en sus propias manos, como medio de protección. Es decir que acudan a la autodefensa, propuesta que él mismo ayudó a implementar años atrás en su natal provincia y cuyos resultados hoy todos lamentamos, al ver los numerosos casos en que las aplaudidas Convivir terminaron convertidas en escuadrones de la muerte y mercaderes de droga.

El otro indicio que sugiere una especie de ‘privatización’ de la política de Seguridad Democrática es el plan del gobierno de subsidiarles revólveres a los concejales amenazados, con el fin de que se defiendan, tal como lo informó el pasado martes el periódico argentino Clarín, en un artículo escrito desde Colombia por Pablo Biffi, editor internacional del importante diario porteño, y quien viajó a Bogotá luego del asesinato de Liliana Gaviria Trujillo, para analizar el ambiente preelectoral que se vive en el país.

Bajo el título “Uribe ofrece armas a bajo precio a los concejales para defensa personal” Biffi analiza en su artículo los problemas de seguridad de los políticos y los reveses del gobierno en la materia.

“Si algo faltaba para que la sociedad colombiana avanzara en su proceso de militarización, el gobierno del presidente conservador Alvaro Uribe acaba de dar un paso adelante en esa dirección: les ofreció a los concejales de todos los municipios del país venderles armas para defensa personal, al módico precio de unos 150 dólares”, dice al comienzo de la nota Biffi, conocedor de la realidad colombiana y quien ha estado 25 veces en el país desde 1993.

Hágalo usted mismo
De acuerdo con la nota “el arma es un revólver sencillo y de fácil uso que recibirán –los que lo acepten– a través del Ministerio de Defensa y ‘pagando prácticamente el papelerío y no el arma’, explica la circular oficial que les llegó a los concejales. Eso sí, las balas deberán pegarlas los ediles de su propio bolsillo”.

A la luz de las actuales circunstancias, y dada la logística de que disponen los sicarios colombianos, es poco probable que un revólver pueda ser de alguna utilidad para proteger la integridad física de los ediles. Parece que el gobierno olvidara que tanto los guerrilleros como los paramilitares (los principales depredadores de concejales y demás funcionarios del país) actúan en grupos y suelen cometer sus crímenes con armas automáticas, circunstancias en las cuales una persona con un revólver seguirá prácticamente en estado de indefensión.

De hecho, aunque el concejal contara con armamento más sofisticado, es obvio que no es a ellos a quienes les toca responder por su esquema de defensa y seguridad. Esa tarea se supone que había sido asumida por el Estado, gracias a la Seguridad Democrática, pero según se ha visto recientemente, cada día es menos efectiva.

Así las cosas, y siguiendo esa misma lógica, el gobierno tendría que armar a los casi 40 millones de colombianos para que puedan sobrevivir en un país inundado de armas ilegales, y acosado no sólo por los grupos guerrilleros y sus milicias urbanas, sino también por las bandas de narcos, paracos (muchos de ellos ‘removilizados’ después de un paso fugaz por la legalidad) y delincuentes comunes. Bien ‘mancados’, los ciudadanos podrían entonces evitar los atentados, los secuestros, las diferentes modalidades de atraco y los temibles paseos millonarios, que cada vez son más frecuentes y se ven más a plena luz del día.

Colombia ha visto correr demasiada sangre inocente debido a la proliferación de armas y el gobierno de la Seguridad Democrática debería saber que no es con el rearme de la ciudadanía, ni con una repartición masiva de chalecos antibalas, como se van a erradicar dichos fenómenos.