Por Pedro Medellín Torres
Especilal para UN PASQUÍN

“Disculpe que lo llame tan temprano –dice el interlocutor-, pero queremos reiterar la oferta para que haga parte de nuestras listas al Senado de la República”…“Usted sabe como funciona la política, conoce como vota la gente y sabemos que puede salir”, argumenta convencido. “Sabemos que su antiuribismo es coyuntural. Como todos los de la oposición, cuando los llaman al gobierno se les pasa”.

El asunto habría quedado allí, de no ser por los ofrecimientos que se les escuchan a los empresarios. “En su segundo gobierno, Uribe va a necesitar gobernabilidad en el Congreso”… “Métase, hombre, que usted puede llegar y ayudar en la tarea. La plata no es problema. Nosotros la ponemos”…
Es la carrera loca en la que anda parte de la dirigencia colombiana. Reclutando cuanta persona se les ocurre para sus listas al Congreso. No importa lo que representen, hagan o hayan dicho. Menos, si hay afinidad ideológica, identidad política o si están preparados para la tarea. Lo importante es que puedan mover votos.
Vivimos en un país que ha perdido el sentido de lo público y de la responsabilidad pública. Un país, donde la condición de senador o ministro es argumento suficiente para cambiar convicciones o entregar principios. Por eso las ofertas de acceso a estos cargos se pregonan como una “verdadera oportunidad”. Por eso, no importa cuantas cosas se hayan dicho o escrito en el pasado, ni qué tan preparado se esté para ejercer un cargo.

Es la actitud que ha degradado la política. No sólo ha llenado los cargos de elección popular de lo que Sartori llama “políticos no profesionales”. Es decir, personas con muy escasa preparación y ninguna capacidad para separar sus decisiones públicas de sus intereses particulares. También –y sobre todo– ha vaciado la política de ideales, para llenarla de pragmatismos. La política no es una manera de ejercer la sabiduría práctica, como proclamaba Aristóteles, sino que se asume como un empleo, una forma de supervivencia que se fundamenta en el intercambio de favores, que convierte los partidos en recipientes de pequeñas empresas electorales.

La degradación de la política, ha descompuesto la institucionalidad política del país. La primacía de los intereses privados ha desatado una lucha de beneficios particulares tan fuerte, que ha obligado a las instituciones públicas a desplazarse entre la formalidad jurídica que las sostiene y la informalidad del clientelismo que las activa. Cada institución y cada acción estatal se mueven porque hay un interés particular que las impulsa a hacerlo. Porque hay alguien que las convierte en instrumento.

La rentabilidad es tan grande, que los empresarios han descubierto el valor de invertir en la política, como una actividad de la que esperan obtener rentabilidad y a la que llegan en defensa de unos intereses concretos. Es la práctica que ha hecho perder los límites entre política y economía: los políticos hacen política para enriquecerse, y los empresarios financian campañas para mantener su poder en el mercado.

Por eso siguen empeñados en mantener la cruzada “moralizadora” de la “lucha contra la politiquería y la corrupción”, que desde la presidencia ha emprendido su líder y benefactor.

No entienden que la propia supervivencia del sistema político depende del rescate y fortalecimiento de los partidos, desde donde los que tienen la responsabilidad política, decidan pensando en el bien común. Que la mejor contribución que pueden hacer los empresarios a la política es pagar impuestos. Y que lo que deben buscar en los que no son profesionales de la política, es que se dediquen a ser mejores en sus tareas, antes de dejarlos caer en la tentación de que se crean que pueden llegar al Congreso a “resolver los problemas del país”.