No son pocas las ventajas que tiene un candidato presidente sobre sus contendores.

Mientras los candidatos normales luchan desesperadamente por conseguir algo de exposición, todo acto del primer mandatario es cubierto en todos los medios. En un mundo donde los medios crean la opinión y el escenario político son ellos, esto es suficiente para romper cualquier principio de igualdad.

Es del Presidente de quien depende hasta dónde es real la igualdad, y en consecuencia hacer efectivo un proceso democrático. En ese sentido el comportamiento del actual mandatario parece orientado a lo contrario.
La imagen del Presidente en acción y los comunicados oficiales de las dependencias gubernamentales tienen inmediata reproducción en todos los medios, y así puede mantener en los votantes el embrujo que les produce su personalidad. En cambio el rehusar los debates es negarnos la ocasión de compararlo con sus contendores pero también negar la posibilidad de evaluar sus programas y propuestas. Como la capacidad y -valga reconocerlo- su superioridad en manejo de imagen ante los medios es innegable, es justamente lo poco defendible de sus políticas, tanto en cuanto a resultados como a perspectivas, lo que lo motiva a desconocer ese derecho del ciudadano.

Sin embargo no contento con ello el Dr.Uribe desafía francamente lo poquito que salió en la ley de garantías. Con el pretexto de que es a los medios a quienes obliga el equilibrio en el tiempo que dedican a los diferentes candidatos, se presenta en las emisoras a hacer consejos comunitarios radiofónicos; obviamente para un medio local la llamada del presidente es incomparable con cualquier declaración o noticia que produzca algún candidato normal. O lo que es peor, se pasea por el país repartiendo ‘el oro y el moro’ para cautivar audiencias angustiadas por los mismos resultados de sus políticas.
La estrategia de campaña es aparecer al máximo en todos los escenarios posibles, presentándose como el caballero andante que pone todas sus virtudes y capacidades al servicio de lo que los colombianos piden y necesitan, pero evitando cualquier evaluación sobre resultados o aún sobre perspectivas de las políticas que desarrolla.

Así inaugura –en contra de la ley– un banco de materiales en La Mojana pero además lo acompaña con la promesa de 40.000 millones para los damnificados de esa región. O, para contrarrestar el daño que puede hacer a su imagen y a su campaña los perjuicios que trae el TLC, sale a prometer centenares de miles de millones a quienes por ello pudieran distanciársele. O intenta contrarrestar las críticas por la concentración de riqueza que ha producido su gestión, proponiendo gravar a ‘las clases pudientes’ para así poder cumplir unos supuestos programas de inversión social que le ha negado a las clases desfavorecidas.

El Presidente como buen vendedor promueve el producto que es manejable a través de la imagen –él mismo–, y oculta lo que por sus defectos no tendría aceptación –sus políticas [TLC, temas humanitarios, desatención a los temas de salud, educación, etc.]–. Cualquier candidato tiene ese derecho, pero no cualquiera tiene a su disposición la facilidad de involucrar cualquier cantidad de recursos del Estado… El punto no es si esto es buena estrategia de campaña, sino si esto es correcto, bueno para el país, y acorde al espíritu que se supone justificó posibilidad de la reelección. En otras palabras, si, como se presentó la reforma, lo que el candidato presidente supone ofrecer son los resultados de su gestión para que la ciudadanía decida si quiere que se continúe; o si, por el contrario, el propósito fue poner a su disposición todo el poder y los recursos del Estado para que pueda evitar que esa evaluación se haga.