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Los números lo dicen todo

Por Juan Manuel López Caballero*,
Especial para UN PASQUÍN

Les gusta mucho al Presidente y a sus partidarios citar cifras para mostrar los resultados de su gestión. Es consecuente con su afirmación de que no hará promesas electorales sino que invitará a que voten por lo la continuidad de lo que está haciendo. Lo malo es que sólo muestra una cara de la moneda. Infortunadamente el balance de la ‘seguridad democrática’ no se reduce a medir el contraste entre las cifras de secuestros, de homicidios o de porcentaje de circulación en las carreteras al inicio del gobierno y en la actualidad.

Otras cifras se deben tener en cuenta:

Más de un millón de desplazados en los cuatro años. En este año están abandonando su hogar y perdiendo sus bienes y su modo de ingreso cada día más de 1.000 colombianos. “Colombia tiene la situación de refugiados más dramática del hemisferio” según la ACNUR (El Tiempo, feb. 9).
Se estima que otro millón de Colombianos han abandonado el país durante el cuatrenio.

La cantidad de minas antipersona sembradas por la guerrilla no está establecida, pero la consecuencia y la decisión al respecto sí: “En este momento no es viable pensar en erradicar de los campos colombianos las minas antipersona” (Vicepresidente Francisco Santos; El Tiempo, feb. 16).
La cantidad de colombianos muertos en los combates propiamente (guerrillas, paras, policías y fuerzas militares) se ha doblado.

El tiempo que han durado los retenidos por la guerrilla supera para algunos los 8 años y el promedio de los que podrían haber sido liberados por ‘acuerdo humanitario’ más de 4 años.

Los encarcelados sin motivo pasan de 8.000, su tiempo de retención generalmente supera varios meses y algunos solo han sido liberados después de hasta 6 años de prisión.

Los paramilitares ‘desmovilizados’ han sido 22.910 hasta el 15 de febrero. De estos menos del 40% entregaron armas de combate (Oficina del Alto Comisionado). En algunos casos (v.gr. Autodefensas del Tolima) solo uno de cada 7 miembros era combatiente.

Los especialistas en guerra o en procesos de paz no han podido explicar si los reinsertados sin armamento de guerra es porque sus labores eran sólo de inteligencia, si se dedicaban a la guerra contra los civiles y no contra la guerrilla, si han mantenido en reserva un arsenal suficiente para rearmarse en cualquier momento, o si por cada alzado en armas de verdad se ha colado o han ‘insertado’ de manera deliberada un falso paramilitar para inflar las cifras; el hecho es que para esos especialistas las armas entregadas no corresponderían ni siquiera a un grupo armado de la mitad de ese personal.

El informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia además menciona: “… Según lo que ha observado la MAPP/OEA, con la excepción de algunas zonas, el programa de reinserción está en crisis y pone en peligro la viabilidad del proceso de paz a largo plazo [...] existen fenómenos posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a la Misión, estos son: 1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; 2) reductos que no se han desmovilizado; 3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.”. (El mapa que acompaña el informe no ubica ni la cantidad ni la localización de los primeros pero da cuenta de 21 grupos entre la segunda y la tercera categoría).

No ha habido denuncia alguna sobre vínculos con nadie como cómplices, financiadores, beneficiarios, etc., de alguna de sus actividades, ni la entrega de ningún bien, nada de información en lo que concierne a su actividad narco.
Y en cuanto a recursos hemos ‘comido’ tres reformas tributarias y un impuesto especial de guerra, ha disminuido la participación de lo destinado a los aspectos sociales (salud, vivienda, educación, etc.), mientras el déficit del gobierno central ha aumentado año por año.


* Economista e investigador..

 

 


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