Algunos hechos recientes demuestran que el gobierno y sus allegados políticos prefieren reaccionar frente a denuncias de los medios que entrañan hechos embarazosos o potencialmente nocivos para su imagen, más que por convicciones originales. Es lo propio de toda lógica mediática. Algunas preguntas ayudan a sustentar esta tesis.

Informa la prensa que el Presidente Uribe estuvo terciando activamente este fin de año en el pleito que mantenían los senadores de Córdoba sobre la filiación política que debería tener el gobernador interino de aquel departamento, ante suspensión por parte de la justicia del titular anterior.

Las preguntas, sin embargo, que plantea esta inusual mediación presidencial, no son pocas. ¿Por qué el sitio de las reuniones era una oficina particular y no un despacho público como correspondía tratándose de un delicado asunto público? ¿A título de qué participaba el Presidente de la República en esta bochornosa reunión que acabó en insultos e improperios por parte de los senadores interesados? ¿A título de Presidente de la República por tratarse de proveer un reemplazo para la jefatura de un departamento? ¿O a título de candidato-presidente al que se le solicitaba imponer armonía entre los diversos grupos Uribistas encontrados?

En las reuniones hubo serias acusaciones de infiltraciones del paramilitarismo en la política seccional de Córdoba. Quedó la sensación agridulce de que fue solo por las documentadas crónicas que publicó “El Tiempo” que el gobierno se movió a pedirle a la fiscalía que investigara las denuncias. Si tales crónicas no se hubieran publicado, cabría preguntar, ¿habría hecho el gobierno la denuncia que finalmente hizo una semana después de que la famosa reunión había tenido lugar? ¿Sigue vigente la orden que hace algún tiempo impartió con gran aspaviento el Presidente al general Castro para proceder a capturar a todo jefe paramilitar que interviniera en política, teniendo en cuenta que en esa reunión hubo denuncias de participación de jefes paramilitares en la política electoral?

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El gobierno ha resuelto objetar algunos artículos de la ley forestal después del análisis que sobre el tema hizo en el Palacio de Nariño con los ex ministros del medio ambiente. Este anuncio denota capacidad plausible aunque tardía de gobierno para aceptar críticas y observaciones constructivas. El caso es parecido al anterior. Sólo cuando estuvo a punto de volvérsele un problema político mayúsculo resolvió escuchar voces discrepantes. Y sólo después de que masivas protestas nacionales alertaron sobre los riesgos que esta ley planteaba para la preservación de los bosques naturales el gobierno se movió. Cuando ya, inclusive, los ministros que habían tramitado la ley en el Congreso habían alcanzado a escribir perentorios artículos en la prensa diciendo que no se le podía cambiar ni una coma.

Pues bien, la pregunta que plantea este episodio es muy simple: ¿Los artículos que el gobierno anunció que va a objetar fueron de su propia iniciativa o fueron de origen parlamentario? Si lo segundo, aunque es una rectificación tardía, está bien. Pero si lo primero, hay que recordar que la figura de las objeciones presidenciales no está prevista en la Carta Política para cubrir piadosamente los reversazos del propio gobierno sino para que éste pueda discrepar de las iniciativas parlamentarias aprobadas por el Congreso que juzgue inconstitucionales o inconvenientes.

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La purga por sospecha de vínculos con el paramilitarismo que hicieron la semana pasada los partidos Uribistas de cinco candidatos al Congreso que estaban en sus listas, es una prueba más de la efectividad que tienen las denuncias de los medios de comunicación. Si éstos no hubieran prendido las alarmas seguramente las cosas habrían seguido como venían. Y el paramilitarismo habría seguido agazapado en las listas.
Lo que no deja de ser curioso es que solo ahora, a las mil y quinientas, los grupos allegados al gobierno comiencen la depuración antiparamilitar de sus listas. O viendo las cosas bien, no es curioso: es el resultado de la fiscalización oportuna de los medios de comunicación. Y nada más.
Ahora bien: ¿será que el gobierno le va a hacer igual caso a los medios que con buenas razones han denunciado también el criterio de la “oportunidad” que incluyó en el decreto reglamentario de la ley de “justicia y paz”. Y que conducirá a la impunidad en el caso del gigantesco apoderamiento ilegítimo de tierras que han efectuado los paramilitares, y que hoy encubren detrás de infinidad de testaferros?

* Ex ministro de Hacienda y de Minas y Energía.