Juan Camilo Restrepo,
Especial para UN PASQUÍN

El gobierno del Presidente Uribe le llamó la atención recientemente al embajador de los Estados Unidos porque éste instó al gobierno colombiano “para que elimine todos los beneficios a cualquier persona cobijada bajo la ley de justicia y paz, que se involucre directamente o indirectamente en corrupción o intimidación de las elecciones”.

Según la administración Uribe ésta fue una indebida interferencia del representante de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Y, en consecuencia, le solicitó que se abstuviera en el futuro de formular en público este tipo de declaraciones.

Está bien que el gobierno Colombiano le haya recordado al representante norteamericano que las normas requeridas por la discreción diplomática se le aplican también al embajador de la gran potencia del norte.

Los embajadores de la Casa Blanca en Colombia a menudo se creen procónsules más que simples embajadores. Y se consideran revestidos de prerrogativas para opinar sobre lo divino y humano ante los medios de comunicación colombianos, a pesar de que se trate de asuntos internos del país. Prerrogativas ésta que por supuesto no le reconocerían los Estados Unidos a ningún embajador acreditado en Washington.

Dicho lo anterior, la amonestación del gobierno Uribe al embajador americano deja flotando en el aire una serie de preguntas adicionales.
¿Por qué en otras ocasiones, cuando el mismo embajador Wood ha hecho pronunciamientos públicos sobre asuntos internos de Colombia, no ha recibido un regaño parecido de la cancillería colombiana? ¿Por qué el gobierno del presidente Uribe guardó un complacido silencio sepulcral, por ejemplo, cuando el embajador americano salió a defender con gran entusiasmo en los periódicos y en la televisión colombiana –como cualquier político gobiernista– el referendo y la reelección presidencial?

¿Será que la administración Uribe considera indebida intervención en los asuntos internos del país solamente aquellas declaraciones de representantes extranjeros que entrañan preguntas embarazosas para el gobierno, al paso que acoge complacida todas aquellas que representan espaldarazos a las políticas gubernamentales?

Si así fuera –como parece serlo– se le estaría dando una interpretación pueblerina y rupestre al principio de que los representantes diplomáticos de países amigos no deben intervenir públicamente en los asuntos internos del país ante el cual están acreditados. Independientemente de que tales intervenciones sean favorables o desfavorables al gobierno.