Por Gonzalo Guillén
Bogotá
[Tomado de el Nuevo Herald]

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, puso en circulación un informe sobre Colombia en el que denunció gran cantidad de despiadados desmanes cometidos durante 2005 por agentes estatales contra la población civil, algunas veces en complicidad con paramilitares, tales como fusilamientos de inocentes, desapariciones de personas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de ciudadanos por razones políticas.

El informe de la ONU, además, dedica uno de sus capítulos a subrayar la miseria social como agente transgresor de los derechos humanos. Algo más de la mitad del país está sumido en la pobreza, con una desocupación estimada por el propio gobierno en no menos de 50 % de la población económicamente activa. Esa cifra es la suma del desempleo (10%) y del subempleo (4o%).

El informe, de 115 páginas, también cuestiona aspectos del supuesto proceso de paz que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sostiene con los principales narcotraficantes y paramilitares de extrema derecha del país, a quienes ha prometido indultar y proteger sobre la base de una controvertida ley, conocida como de Justicia y Paz, que la señora Arbour pidió reformar.

“Durante 2005 se registró una serie de ejecuciones extrajudiciales atribuidas directamente a miembros de la Fuerza Pública. Se denunciaron ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército, presentados como guerrilleros muertos en combate.  Varios casos se relacionaron con la IV Brigada del Ejército (Antioquia)”, dice el nuevo informe de Naciones Unidas.

Entre otros casos, el documento, que fue elaborado sobre la base de métodos científicos universales de investigación usados por Naciones Unidas alrededor del mundo,  se enumeran  ejecución colectivas de campesinos atribuidas a miembros de las Fuerzas Militares, principalmente el Ejército.
En “varias de las ejecuciones”, sostiene la ONU, “se denunció la manipulación de la escena del crimen para simular un combate, tal como vestir a las víctimas con prendas militares o ponerles armas”.

Proliferan casos como “la ejecución extrajudicial de dos jóvenes, uno de los cuales padecía una discapacidad mental, en febrero, atribuida a miembros del Batallón Manosalva Flores, en Quibdo (Chocó).  La Oficina también registró la ejecución extrajudicial de una mujer y su hijo de 14 años atribuida a miembros del Batallón Cacique Nutibara en la zona rural de Urrao (Antioquia) en marzo. Los militares presentaron los hechos como ‘guerrilleros muertos en combate’.

“Situaciones como éstas”, revela, “se presentaron en otras regiones del país, tales como la ejecución extrajudicial de dos hombres, presentados como guerrilleros dados de baja en combate, atribuida a tropas de la Infantería de Marina en El Carmen de Bolívar (Bolívar), en marzo.  En mayo, se denunció la detención y posterior ejecución de tres personas en Almaguer (Cauca), atribuida a militares adscritos al Batallón Alta Montaña N† 4.  Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.  Igualmente se registró la ejecución de dos personas, en mayo, atribuida a tropas del Batallón Ricaurte de la V Brigada del Ejército, en La Esperanza (Norte de Santander).  Las víctimas fueron presentadas como miembros de las AUC abatidos en combate”...

“Otras ejecuciones extrajudiciales afectaron a miembros de comunidades indígenas (...), un indígena Kankuamo y una menor indígena wiwa embarazada, ocurrida el 9 de febrero en zona rural de Atanquez (Cesar), y atribuida a miembros de la X Brigada del Ejército.  El pueblo kankuamo cuenta con medidas provisionales (de protección) otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el pueblo Wiwa con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… Se tuvo conocimiento de la ejecución de un indígena en el resguardo de Pueblo Viejo, en Ricaurte (Nariño), atribuida a un soldado del Batallón Mecanizado de Infantería Cabal”, agrega el dramático informe de la ONU.

“La Oficina también registró denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública en acciones de limpieza social (homicidios de niños callejeros, drogadictos ó prostitutas).  En el Área Metropolitana de Medellín, seis casos presentaron indicios de este patrón.  Ejemplo de ello es la ejecución extrajudicial, en junio, de una persona consumidora de sustancias psicoactivas, atribuida a miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR)”.

Igualmente, “se registraron casos de actuación coordinada de grupos paramilitares que habrían entregado a las víctimas a miembros del Ejército, quienes presuntamente les habrían dado muerte, presentándolas como muertos en combate”. 

Michael Frühling, director de la Oficina en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU. explicó a El Nuevo Herald que el documento le fue entregado al Gobierno mucho antes de su divulgación para que no lo tomara por sorpresa.

El balance de Naciones Unidas abunda, además, en ejemplos de torturas y atropellos a la libertad individual, a la seguridad personal, al debido proceso, a las libertades de circulación, de residencia, de opinión y de expresión, entre otros, cometidos por agentes estatales.

De la misma forma, destaca “homicidios selectivos” y amenazas contra personas protegidas.

Aparte de las acciones criminales de agentes estatales, la ONU relaciona abundantes y despiadadas violaciones de los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares) al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.

Entre los principales delitos de este tipo figuran la práctica masiva del secuestro, el uso indiscriminado de minas antipersonales, homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados de población civil y reclutamiento de niños para usarlos como carne de cañón en la guerra.