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Frühling habló en exclusiva con UN PASQUÍN.

“SE NECESITA RECONOCER LA REALIDAD DEL PAÍS”

Pregunta. ¿Qué opina de las denuncias de la revista Semana sobre las torturas y los abusos físicos a los que fueron sometidos 21 soldados en unas prácticas militares en Piedras, Tolima?

Respuesta. Es una situación triste y lamentable. Espero que las autoridades puedan investigar y tomar las medidas adecuadas, ya que este tipo de maltratos y torturas no pueden hacer parte del entrenamiento militar. Por consiguiente, nos parece adecuado que el caso lo investigue la justicia ordinaria, puesto que estos actos no pertenecen al servicio, y evidentemente tienen que ver con la violación de los derechos humanos de los soldados.
Además es una indicación de que –a pesar de los avances logrados– al Ejército le hace falta entrenamiento en derechos humanos y hay que tomar medidas coherentes en este sentido.

P. En resumen, durante el año 2005, ¿qué mejoró y qué empeoró en materia de derechos humanos (DD HH)?

R. Nosotros diríamos que lo positivo fue que algunas autoridades tomaron medidas a favor de la implementación de las recomendaciones de la Alta Comisionada de su anterior informe. Y eso nos parece positivo. A la vez, hubo una serie de violaciones a los derechos humanos que siguieron y que tienen una significancia grande: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, hay casos de tortura y maltrato, detenciones arbitrarias, entre otras.
Siguen también grandes retos pendientes en cuanto a varios de los derechos económicos y sociales. En resumen, el cuadro sigue siendo muy difícil para grandes capas de la población.

P. Usted lleva más de tres años en Colombia y conoce bastante bien la realidad y las leyes colombianas. A punto de irse, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción y cuál su mayor frustración?

R. La mayor satisfacción es haber podido trabajar junto a muchos otros colegas en la defensa, la promoción y la protección de los DD HH. He podido contribuir a que se hagan mayores reflexiones antes de tomar decisiones. Por otro lado, hay varios casos concretos donde nuestra presencia ha ayudado a proteger vidas humanas. Estos dos asuntos serían como la más grande satisfacción.
La frustración consiste en que al saber y conocer muy bien la realidad colombiana, uno quisiera ver más ímpetus en las acciones de autoridades y otros interesados para la defensa y la protección de los derechos humanos, por un lado. Y el otro punto sobre las frustraciones que yo digo –con mucho respeto pero con mucha franqueza– es que se necesita reconocer en mayores grados la realidad del país; eso hace mucha falta y no se está dando aún.

P. ¿Podría señalar casos concretos?

R. Sabemos que las autoridades conocen ejemplos de violaciones graves –como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas–, pero de eso no se habla clara y tranquilamente como se debe, no aparecen en las estadísticas oficiales.
En cualquier país el primer paso siempre es reconocer [la situación], si no es muy difícil tomar las medidas necesarias, estas cosas no pasan porque las altas esferas del gobierno lo quieran; es al revés. La política desde arriba favorece el respeto por los derechos humanos y a pesar de eso están pasando cosas graves que tienen que ver directamente con la responsabilidad del Estado. La mejor forma de contrarrestar eso es decir en forma clara y en público que [tales anomalías] lamentablemente están pasando y que no pueden seguir pasando. Eso transmitiría mensajes importantes a todos los servidores públicos, ayudando al propio gobierno a fortalecer su política en favor de los derechos humanos.

P. Usted califica positivamente que ciertas autoridades hayan seguido algunas recomendaciones del informe anterior de la Alta Comisionada de dd hh, ¿a qué autoridades se refiere?

R. Ante todo hay que decir que las 27 recomendaciones de la Alta Comisionada en el informe anterior fueron aceptadas y adoptadas como compromisos por parte del gobierno colombiano. Eso es importante de subrayar porque allí está la agenda de trabajo conjunta; es un compromiso de Colombia para seguir las recomendaciones.

Entre los esfuerzos positivos se puede mencionar lo siguiente:

– Con el Ministerio de Defensa y el nuevo Ministro, la Oficina firmó un convenio de cooperación para hacer un estudio de consultores independientes internacionales sobre los efectos de la enseñanza de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que se ha llevado a cabo en la fuerza pública durante muchos años. Es un avance porque era una recomendación desde hace dos años y finalmente el año pasado dimos los primeros pasos para su implementación. Queda pendiente todavía la tarea de hacer el estudio, pero ese es un paso adelante.

– Otro ejemplo son algunas medidas que se tomaron por parte de varias autoridades alrededor de lo que se llama el “Sistema de Alertas Tempranas” y el Comité interinstitucional de Alertas Tempranas para mejorar la eficiencia de este sistema.

–Un tercer ejemplo son los mayores recursos para el Programa de Protección que está manejando el Ministerio del Interior para defensores de DD HH, sindicalistas, etcétera.

–Otro ejemplo fueron las medidas que se tomaron en el Ministerio de Educación en favor de un plan de educación en derechos humanos en el sector educativo. También se puede decir que en la Procuraduría, como ente autónomo, se tomaron ciertas medidas para combatir la impunidad.
Esto demuestra que se hizo algo, que es posible moverse con más agilidad y más congruencia; pero toca hacer mucho más, porque quedan pendientes muchas de las recomendaciones.

P. El Vicepresidente, Francisco Santos, dijo que discrepaba del Informe. ¿A qué cree usted que se deba esta reacción del Gobierno? ¿Qué cree que no les gustó? ¿Han tenido contacto con él al respecto?

R. Nosotros le hicimos entrega del Informe al Gobierno hace tiempo, como siempre, y en esos momentos dijo el Gobierno que iban a contactarnos rápidamente para seguir hablando sobre su contenido después de leerlo. Hasta el momento no lo han hecho y estamos a la espera de que lo hagan.

P. ¿Usted no cree entonces que esta actitud del Vicepresidente, cuando trata de desmentir o restarle importancia al Informe, hace parte de esa falta de reconocimiento del Estado de los problemas de DD HH que hay en Colombia?

R. Primero, sería buena idea hacerle esta pregunta al Vicepresidente. Segundo, lo único que nos interesa a nosotros es tratar de seguir contribuyendo a que el país conozca la realidad en el tema de los DD HH, para que se tomen medidas congruentes para contrarrestar las violaciones; y que se tengan discusiones tranquilas, factuales, sobre la realidad existente.

 

P. El periódico El Tiempo dijo que la muerte del capitán de la Policía Julián Guevara no fue una muerte sino un asesinato de las FARC. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación?

R. Nosotros dijimos con claridad que hay que condenar a las FARC-EP por tener ilegalmente personas bajo circunstancias como en las que evidentemente murió el capitán. Las FARC-EP no respetan como deben las normas humanitarias cuando privan de la libertad a alguien que haya participado directamente en las hostilidades; están incumpliendo gravemente con la normativa humanitaria en el conflicto armado interno.

No permiten que los soldados y los policías privados de su libertad reciban la atención médica necesaria; no pueden comunicarse, con el apoyo del CICR, con sus familias; y tampoco están asegurando que recobren su libertad cuanto antes, como lo disponen las normas del DIH.

P. En la página de Anncol, agencia noticiosa de las FARC, se admite que han utilizado francotiradores para asesinar en La Macarena a varios policías –de los que están en los operativos de erradicación manual de plantas de coca–, y alegan que eso está ajustado a las normas del DIH. ¿Eso es cierto?

R. No tengo todos los detalles, pero si las FARC-EP comienzan a decir que algunas medidas están ajustadas al DIH Y a opinar sobre el DIH, esperamos que lo hagan realidad en todos los sentidos, comenzando con la liberación rápida e incondicional de todos los rehenes. Ellos están en una gran deuda con el DIH, porque lo están infringiendo cada rato con los centenares de personas tomadas como rehenes; para no mencionar otros muchos ejemplos del año pasado y comienzo de este, relacionados con la falta de respeto con uno de los principios básicos del DIH, que es el ‘principio de distinción’ entre los que participan directamente en las hostilidades y los que no participan.

P. ¿Usted cree que como está ahora la Ley de Justicia y Paz es útil para proteger los derechos humanos en Colombia?

R. Lo que ahora es Justicia y Paz no logra reunir los elementos necesarios y aconsejables para que se respeten plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Se necesitarían modificaciones para tener un marco legal adecuado para honrar debidamente dichos derechos; pero también porque estos derechos a la verdad, la justicia y la reparación –y en particular, el derecho a la verdad– son prerrequisito para tener la debida información para asegurarse de que se están desmovilizando adecuadamente estos grupos, para que haya un desarme completo y que de seguro haya un desmantelamiento completo de estos grupos, porque si no ha esclarecido cómo están las estructuras, quiénes están al mando, quiénes tienen propiedades adquiridas, etcétera, es difícil asegurar que se hayan desmantelado, como es la intención de la ley.

P. El Informe denuncia que algunas supuestas bajas de combates entre el Ejército y grupos insurgentes, fueron en realidad víctimas de ejecuciones extrajudiciales a cargo de los paramilitares. ¿El Gobierno les ha hecho a ustedes alguna declaración sobre esos casos? ¿Cree que se están tomando medidas adecuadas para sancionar a los responsables?

R. Podemos hacer tres reflexiones en este sentido. Una: el gobierno está al tanto de muchos de estos casos porque lo hemos hablado. Dos: el gobierno ha tomado ciertas medidas porque está preocupado –parece–, aunque no lo haya dicho en público. Tres: se necesitan más medidas porque están dándose todavía casos de ejecuciones extrajudiciales.

P. Luego de ver que muchos de los paramilitares siguen cometiendo delitos a pesar de que se supone que están en negociaciones, ¿usted cree que al gobierno le ha faltado subrayar más el respeto a los DD HH por parte de ellos, que debería hacer una mayor exigencia en ese sentido a los grupos paramilitares?

R. El Informe de nuestra Alta Comisionada que cubre el año 2005, y también en el de 2004, ella anotó que hubo muchas infracciones tras el declarado cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares; se siguieron cometiendo abusos, infracciones y violaciones. Cuando haya violaciones a un acordado y declarado cese de hostilidades, nos parece aconsejable que se diga con mucha claridad, incluso en público. Eso es saludable y ayuda a contrarrestar próximas violaciones.

P. Luego de las denuncias sobre persecución, ataques y amenazas a periodistas, ¿cómo ven ustedes el tema de los DD HH frente a la prensa?

R. Los periodistas están más expuestos que antes en varias regiones y eso indica que es necesario que las autoridades tomen medidas concretas y congruentes aquí también.

P. Si hubiera que hacer una labor de primeros auxilios en materia de DD HH en Colombia, ¿cuál cree que sería la tarea más urgente en este momento?

R. Nos ayudan mucho dos de las recomendaciones prioritarias de nuestra Alta Comisionada en su Informe anual. La primera es que se necesita confeccionar cuanto antes, en un proceso de concertación con amplios sectores de la sociedad colombiana, un plan nacional de acción de derechos humanos. Es una tarea pendiente que ayudaría muchísimo en la medida en que se lograría dentro de poco, y en concertación –eso es lo clave– un plan de acción que abarque todo el drama que se está viviendo. Y el segundo tema es que el gobierno tome con rapidez medidas contundentes para prevenir e investigar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.