Por Juan Camilo Restrepo*
Especial para UN PASQUÍN

Existe una regla de oro en la política según la cual una vez el gobierno radica un proyecto de ley, la negociación y el debate sobre sus contenidos deben adelantarse dentro del circuito parlamentario. No fuera de él. Esta es una vieja costumbre de cortesía política que tiene una razón de ser muy clara: marcar el respeto del ejecutivo para con el Congreso como máxima autoridad legislativa.

Dicho de otra manera: se ha entendido siempre que cuando un gobierno radica un proyecto de ley, ya opinó sobre ese tema. Pues se supone que lo que dice el proyecto refleja el pensamiento gubernamental. De ahí en adelante quien tiene la palabra es el Congreso.

Pues bien: con la reforma tributaria el gobierno se ha pasado por la faja esta vieja norma de etiqueta política. Radicó el proyecto en el congreso pero sigue negociándolo y despresándolo ante cuanta asamblea gremial asiste.

Como bien lo dijo un reciente editorial del periódico Portafolio, cuando el presidente Uribe concurre a las asambleas gremiales a decir que el gobierno, frente a tal o cual asunto de la reforma tributaria hará no lo que se propone en el proyecto radicado sino tal o cual otra cosa para endulzar el oído del auditorio, hace recordar al antiguo dios Saturno que devoraba a sus propios hijos. Solo que lo está haciendo ante las asambleas de los gremios que manejan intereses legítimos pero particulares: no ante el Congreso que es el representante de los intereses generales. Tanto más tratándose de asuntos tributarios.

El irrespeto que el alto gobierno viene mostrando por el Congreso no tiene antecedentes. Así las contrapropuestas del gobierno sean acertadas (ese no es el punto), da por sentado que el Congreso terminará aprobando todo lo que ha negociado por fuera del ámbito parlamentario. Sin importar que contradiga lo que le había pedido estudiar en el proyecto que radicó.

Y las marchas y contramarchas que ha dado el gobierno ante las asambleas gremiales y ante los grupos de interés privado no son pocas ni sobre asuntos secundarios:

Como se elevó el clamor popular contra la imposición del IVA a los productos básicos, ya retiró esa tesis la semana pasada en Cartagena.
Como algunos gremios dijeron que les parecía tímida la rebaja del impuesto a la renta, entonces el Presidente ya les ofreció una rebaja mayor en la asamblea anual de los industriales.

Como los banqueros estaban molestos con la propuesta gubernamental de no desmontar el impuesto a las transacciones financieras, entonces, de nuevo, ante la asamblea anual de la banca, el presidente también ofreció (en medio de nutridos aplausos naturalmente) que revisarían ese punto.

Como había un justificado malestar de que la reforma, tal como fue presentada, elevaba inmoderadamente la presión tributaria de los asalariados de rentas medias, el gobierno se apresuró también a anticipar ante alguna otra asamblea gremial que recogería velas en este asunto.

¿Pero, y el Congreso, entonces qué? Como van las cosas va a hablar de último. Va a terminar proponiendo unas enmiendas que serán refritos para cuando las introduzca. Y resultarán iguales o muy parecidas a las que de antemano habrá negociado el gobierno con los gremios. Todos los meritos se los llevará el gobierno. Difícil encontrar un escenario más deslucido para el Congreso que el que se le avecina.

Así las cosas, ¿por qué no considera el Congreso la posibilidad de hacerse respetar? ¿Sería mucho pedir? ¿No será ésta la ocasión para demostrarle al país que las bancadas parlamentarias, así hagan parte de la coalición de gobierno, no son un dócil apéndice de la Casa de Nariño? ¿No es acaso el momento de recordarle al gobierno –devolviéndole el proyecto tributario para que presente uno nuevo en el que sí crea y no lo ferie por fuera del Congreso– que el legislativo merece más respeto?