Por Jorge Arenas*
Especial para UN PASQUÍN

Hay que reconocer que a este gobierno le han salido bien muchas cosas, una de las cuales es la de presentar, como si fueran conquistas democráticas, prácticas profundamente antidemocraticas. Los consejos comunitarios, por ejemplo, son presentados como el mejor ejemplo de democracia directa, cuando en realidad se trata de actos que tienden a desinstitucionalizar los procesos de gobierno local y a desestimular los esfuerzos de planificación ordenada.

Otro ejemplo notorio fue el de la reelección. Aunque el gobierno la defendía como un logro democrático –pues los electores iban a tener por fin la posibilidad de reelegir al presidente– lo cierto es que hay pocas decisiones más antidemocráticas que la de reformar una constitución para seguir gobernando; o la de comprar votos a cambio de puestos para manetenerse en el poder; o la de introducir una reforma de tal magnitud sin siquiera sugerir unos mínimos cambios institucionales para que el presidente no terminara cooptando los órganos de control, el banco central o la Corte Constitucional, entre otros.
El caso más reciente de esta práctica es el que se refiere al proceso de expedición del decreto reglamentario de la llamada Ley de justicia y paz.

El gobierno sabe que una de las dudas que pesan sobre el proceso con los paramilitares surge de la forma semiclandestina como ha sido adelantado; de este proceso no sabemos nada. No sabemos en que consisten los acuerdos con los paramilitares, no sabemos cuál ha sido el procedimiento para llegar a esos acuerdos. Ni siquiera sabemos realmente dónde están todos los paramilitares que supuestamente se han desmovilizado y mucho menos si en realidad se han desmontado las estructuras que tenían conformadas para sembrar el terror. Y como no sabemos nada, resulta imposible hablar de un proceso verdaderamente democrático, pues la transparencia es condición esencial de la democracia.

Sin embargo, en un intento por cambiar la imagen que la opinión pública tiene de dicho proceso, el gobierno acudió de nuevo a una de esas perversas maniobras que son democráticas sólo para los defensores del novel y exótico ‘estado comunitario’. El miércoles 30 de agosto, así de sorpresa, se hizo público en una página web del gobierno el texto de un proyecto de decreto reglamentario de la Ley de justicia y paz y se dio a los ciudadanos un plazo de cinco días para comentarlo. Es la primera vez en la historia republicana que un gobierno somete a debate público un texto de un proyecto de decreto reglamentario. Obviamente este intento de resolver el déficit demócratico de todo el proceso es tan absurdo como inútil.

En realidad lo que nos están queriendo mostrar como un ejemplo de participación democrática no es más que una de esas maniobras autoritarias ya tan comunes en este gobierno. La verdadera democracia deliberativa, la de los estados constitucionales contemporáneos –no la del estado comunitario–, exige que la deliberación esté sometida a unos principios mínimos. Se trata de principios fundamentales que son indispensables para garantizar que la pretendida democracia no sea utilizada como fachada para enmascarar verdaderos abusos de autoridad. Esos principios mínimos, que no son otros que la transparencia, la publicidad y la deliberacion, tienden a garantizar que exista un genuino intercambio de opiniones en el cual todos los puntos de vista relevantes puedan ser tenidos en cuenta; pues en esto consiste la deliberación democrática, cosa que no parecen entender los intelectuales del gobierno.

En resumen, para que un proceso de deliberación sea realmente democrático se requiere que a la gente le informen oportunamente en qué consistirá la discusión y cuáles serán los plazos para discutir. Que las normas y su exposición de motivos se hagan públicas. Que las personas interesadas tengan un plazo razonable para intervenir. Que exista un espacio mínimo de intercambio de ideas y de razones, pues es de este intercambio, y no de la razón iluminada de unos pocos, de donde salen las mejores y más sostenibles decisiones.

Naturalmente, nada de esto se cumplió en este caso. A la gente –expertos inlcuídos– la sorprendieron publicando de un día para otro un texto extenso y difícil, carente de técnica legislativa y sin exposición de motivos. En los cinco días estipulados para manifestar las opiniones a favor o en contra del proyecto, resultaba impensable cualquier asomo de intercambio de ideas. En este episodio se puso en evidencia la extranna manera como el gobierno ha adelantado los procesos de justicia contra algunos de los criminales más peligrosos de nuestro país, procesos de los cuales depende en buena parte la recuperación de nuestra memoria histórica, la reivindicación de la dignidad de las víctimas de estos crímenes, la devolución de los bienes usurpados a campesinos pobres y la recuperación de los cuerpos de los hijos arrebatados brutalmente a miles de madres colombianas.

Nada de raro tendría que si al final resulta que no se respetaron los derechos de verdad justicia y reparación, no fue por culpa del gobierno, sino de nosotros los ciudadanos que no fuimos capaces de hacer las observaciones del caso en los cuatro días que nos dieron para ese propósito.

Estas falacias democráticas del ‘estado comunitario’ resultan francamente intolerables.