Empeñado como está el gobierno en salvar a como dé lugar el malhadado ‘proceso de paz’ con los paramilitares, no van a ser pocas las sorpresas que en el camino nos seguiremos encontrando, como el famoso decreto reglamentario de la Ley de justicia y paz (LJP), que no va a servir para aplicar lo uno ni para obtener lo otro.

Hace unos meses, cuando la Corte Constitucional declaró exequible dicha ley, las reacciones no se hicieron esperar y no faltaron las suspicacias, luego de la enredada explicación del magistarado Jaime Córdoba Triviño, que incluyó una aclaración en dos actos y que muchos interpretaron como un reversazo. Yo sinceramente no lo consideré así, pues aunque no conozco al doctor Córdoba, me lo imagino ajeno a cualquier componenda para favorecer a un gobierno del cual no es que sea hincha.

Así y todo, luego de este pronunciamiento de la Corte, los señores de Ralito pusieron el grito en el cielo y a la vez que se referían de manera poco comedida a los magistrados, alegaban –entre otras cosas– que así era muy difícil seguir adelante con el proceso y que el gobierno debía cumplir los compromisos que había adquirido con ellos. Como es lógico, y siguiendo la tónica de todo este proceso hecho espaldas del país, nadie nos ha dicho cuál o cuáles son los compromisos que el gobierno tiene con los paramilitares, pero algo grande sí debe ser desde que el alto comic-sionado se vio obligado a desplazarse a Córdoba para reunirse con los voceros y comandantes de las AUC con el objeto de darle un nuevo aire al proceso.

En ese episodio nuevamente reinó el hermetismo y tras varios días de reuniones secretas, el doctor Ternura regresó a Bogotá sin decir ni mú, pero aparentemente más tranquilo. Y así quedó la cosa hasta hace unos días, cuando se filtró el famoso borrador del decreto reglamentario de la accidentada LJP. Al parecer, con este decreto el gobierno pretende (¿o petendía?) salvar los escollos finales para llevar a feliz término el proceso.

Con lo que el gobierno seguramente no contaba era con la cantidad de reacciones adversas que iba a suscitar el borrador, que probablemente fue filtrado con la intención de tantear a la opinión pública. Al descontar de las condenas el tiempo que los señores han pasado en Ralito, el pago de dichas condenas en colonias agrícolas, la reparación material sólo con bienes ilícitos y la inclusión del narcotráfico como delito conexo de sedición, entre otras cosas, el gobierno prácticamente estaría echando para atrás el fallo de la Corte Constitucional.

Con esta jugada –cuestionada por analistas y vista con muchas reservas por el Tío Sam– el gobierno dejaría maniatada a la Corte Constitucional, puesto que un decreto reglamentario no puede ser revisado ni objetado por dicha corporación, sino por el Consejo de Estado; el mismo que postuló para la Contraloría a Turbay Jr., quien casualmente contaba con la bendición del presidente Uribe. En otras palabras, en ese aspecto el gobierno se cura en salud.

Sin embargo, no todo estaría perdido, pues si el gobierno expide y aplica dicho decreto, los afectados –víctimas o daminificados de las AUC–, al ver vulnerados sus derechos, podrían acudir a la figura de la tutela para exigir que se cumpla el fallo de la Corte Constitucional. Y como los fallos de la Corte están por encima de los decretos del Ejecutivo, es probable que ésta respalde a los demandantes, con lo cual se estaría dando un nuevo pero cantado choque de trenes, promovido y gestionado por el propio gobierno.

¿Será que el gobierno está dispuesto a darse esa ‘pela’ y asumir los costos de la misma? ¿Valdrá la pena correr semejante riesgo institucional, con el único propósito de ‘cumplirles’ a los paras en proceso de desmovilización? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar éstos en sus pretensiones?

A este ritmo, la posesión del lentejo Carlos Holguín Sardi se va a demorar más de la cuenta –si es que finalmente se produce– porque es muy difícil que antes de irse para Italia Sabas Pretelt pueda dejar este asunto resuelto.