Durante las últimas semanas Colombia parece sumida en un estado de shock general porque Virgina Vallejo se atrevió a decir que las élites políticas son responsables de que la mafia se haya tomado el país. Se le ha acusado de levantar falsas acusaciones sin tener pruebas y para devolverle el insulto le han recordado que es mujer y ex amante de muchos, tal vez demasiados, e incluso se le ha descalificado insinuando que no esta muy bien de la cabeza.

El periodista que dio a conocer el testimonio, también columnista de este periódico y quien me consta que tiene muy buen puesta la cabeza, Gonzalo Guillen, fue el mismo que documentó hace un par de meses la actividad de las mafias en Colombia basándose principalmente en un informe de la Fiscalía General de la Nación sobre la cantidad de dinero negro que circula en la economía colombiana y en el que se concluyó que la cifra podría superar los 10.000 millones de dólares, tan solo durante el año pasado.

La noticia no recibió el despliegue mediático que alcanzó la jugosa historia de sexo, narcos y drogas que contó Vallejo, pero parece razonable sugerir que la cifra es una prueba sólida que soporta el testimonio: esa cantidad de dinero no puede circular por una economía sin pasar por las manos de mucha gente, no puede deslizarse inadvertido sin tener que taladrar los cimientos de las instituciones, comprar conciencias y hacerse con la voluntad de quienes tienen poder. Mucho poder. Los mismos que se amparan bajo la sombra vil del silencio para contar en paz sus billeticos negros mientras el país se deslíe. No debería sorprender que la impunidad tuviera tan sonoros abogados.

Es un dinero que ha costado muchas vidas como la de Luis Carlos Galán, pero el balance siempre ha sido a favor de las que ha dejado a medio muertas. Colombia es un país lleno de gente mutilada emocional y físicamente por un conflicto que persiste más porque las mafias necesitan preservar sus intereses que porque no existan soluciones. Tenemos el colmo de contar con jueces, funcionarios de todo tipo, representantes especiales y parlamentarios que a título personal pero usando todo el poder de sus investiduras abogan en público en contra de la justicia y por la normalización de lo asquerosamente anormal. Como si la guerra no fuera una tragedia abominable, la presentan como la única opción razonable, tan razonable como arrancarse un brazo para curar un dolor de uña.

En ese contexto, yo no tengo duda de que la Vallejo esta muy mal de la cabeza. Ya reza la sabiduría popular que las modelos son unas tontas. En el país de los vivos y los leguleyos, la muy tonta ha tenido la mala idea de confesar. Aquí todo el mundo defiende su derecho a la intimidad, su derecho a ser considerado inocente antes de que las pruebas (que siempre son precarias o desaparecen como si fuera un accidente) demuestren lo contrario y su derecho a la legítima defensa (un derecho que se invoca incluso para justificar masacres) pero nadie quiere reconocer sus responsabilidades, sus deberes, ni admite un atisbo de vergüenza. La mujer reivindica la decencia mínima de contar la verdad sin justificarse, admitiendo su responsabilidad y con la suficiente cabeza para entender el excesivo costo que tiene seguir guardando silencio aún después de 20 años. Confeso. Precisamente cuando el Gobierno anuncia un decreto especial que echa por tierra el fallo de la corte constitucional y “mantiene” las garantías que habían “prometido” a los paramilitares por su desmovilización. Así, nada más. Enterrando la Corte antes de la reforma.

Este escándalo y en especial la torpe relación que hizo entre el caso Santofimio y la posterior elección de Samper me recordó la visita que hice hace un par de años al orfanato de elefantes de ‘Pinnawela’: los elefantes viven en manadas y no son capaces de sobrevivir fuera de su hábitat. Y en eso, Vallejo, la tonta, también tuvo razón.