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Un balance negativo

Después de los cuatro primeros años de gobierno del presidente Uribe, en Colombia, la ley sigue siendo una irrisión; la Justicia continúa en estado de grave postración; la soberanía nacional ha sido sometida a poderosos intereses foráneos.

Por Enrique Parejo González*
Especial para UN PASQUÍN

En respuesta a la amable invitación del Director de Un Pasquín y como un deber frente a los colombianos, queremos hacer un somero balance sobre los primeros cuatro años del gobierno del presidente Uribe.

Debemos decir, de entrada, que no vemos ninguna razón para no calificar como ampliamente negativo ese primer período. Sin desconocer que los más ricos del país tienen motivos de sobra para considerarse satisfechos. De ahí que pretendan convencer a los más pobres -y lo han logrado en buena medida-, de que también ha sido bueno para ellos.

La Iglesia, que ha mirado siempre con buenos ojos al gobierno, acaba de denunciar la existencia en el país de un millón trescientos mil niños desnutridos y de más de seis millones de compatriotas sin medios para atender sus necesidades de supervivencia.

Pero, veamos, en concreto, otros ‘logros’ de este gobierno. En materia de orden público, prometió acabar con los grupos alzados en armas. No lo ha logrado, en relación con la guerrilla. Y, en cuanto a los paramilitares, que siempre se han declarado sus aliados, el gobierno les ha tendido su mano generosa y agradecida de impunidad.

Los paramilitares nacieron como una prolongación armada de las gentes más adineradas del país, en especial de ganaderos y terratenientes, para combatir a la guerrilla. Sin embargo, extralimitaron su objetivo al dedicarse a cometer, con la connivencia de las autoridades, los más atroces crímenes contra los más humildes campesinos. Con la aberrante teoría de que, para acabar con la guerrilla, era necesario quitarle el apoyo de éstos.

Fue así como se montó una guerra atroz contra esos campesinos, guerra que, para vergüenza de los colombianos, contó con el apoyo, la connivencia o la tolerancia de las fuerzas regulares de la Nación. El presidente Uribe, creador de las Convivir en el departamento de Antioquia, participó de esa teoría y, por ello, no puede dejar de ser considerado responsable del comportamiento de los paramilitares.

Dentro de la estrategia del gobierno y del propio presidente, orientada a permitir que muchas entidades clave del Estado sean infiltradas por esas organizaciones criminales, se dio el caso escandaloso de la infiltración del Das por parte de los paramilitares.

Ese caso, gracias a la habilidad poco ética del presidente, ha quedado sepultado. No se sabe qué pasó con la investigación que, supuestamente, inició la Fiscalía. El Fiscal no ha sido claro en sus anuncios a la opinión pública al respecto. Todo lo cual puede ser consecuencia de la decisión del presidente de promover a ese cargo a uno de sus más inmediatos colaboradores en el gobierno: el ex viceministro de Justicia.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, en este sucinto balance del gobierno de Uribe, es su amistad con el ex ministro y ex senador Alberto Santofimio Botero, uno de los puntales de su elección en el año 2002, a quien el presidente recompensó, por serlo, nombrando a uno de sus hijos en un cargo en la embajada de Colombia en Francia. La misma adonde se proponía enviar como embajador al ex presidente Ernesto Samper Pizano, para premiarle, también a él, su apoyo a la reelección.

De otra parte, el Contralor General de la República, quien ha realizado una plausible labor al servicio de la verdad, ha denunciado las graves falencias de la gestión del gobierno en materia social. Ha sido uno de los pocos funcionarios que no ha abdicado de sus responsabilidades públicas y que ha puesto la verdad y la ley por encima de sus conveniencias personales. Su conducta debe ser un ejemplo para todos los altos funcionarios de este atribulado país.

Después de los cuatro primeros años de gobierno del presidente Uribe, en Colombia, la ley sigue siendo una irrisión. La Justicia continúa en estado de grave postración. La soberanía nacional ha sido sometida a poderosos intereses foráneos. La moral se encuentra más escarnecida que nunca. La justicia social se halla patas arriba. Los peores delincuentes son beneficiarios de excepcionales privilegios, otorgados por el gobernante que más ha dicho que iba a combatirlos. Y la corrupción, rampante como siempre, es más fuerte que nunca. El presidente no sólo no ha hecho nada importante por combatirla, sino que se ha servido de ella en favor de sus amigos y de sus propias ambiciones.

Ojalá los colombianos despierten del embrujo autoritario que están sufriendo, para que puedan darse cuenta de las condiciones desastrosas en que se encuentra el país y tengan la capacidad de señalarle a éste el rumbo que más le conviene. Que no puede ser sino aquél que lo lleve a la justa posición que debe ocupar entre las naciones del mundo. Un país en donde no sea necesario gritar: ¡No más engaño! ¡No más mentiras! ¡No más injusticia!


*Ex ministro de Justicia.

 

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