Por Natalia Springer*
Especial para UN PASQUÍN

Las reacciones que ha despertado el fallo en el que se revisó la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz desconciertan y preocupan, no solo por las declaraciones groseras e inadmisibles de algunos Comandantes de las AUC y los problemas de seguridad que han denunciado los magistrados, sino además por la reducida interpretación que se hace de los alcances de ese concepto y de los márgenes de acción de los jueces.

No hay duda de que las declaraciones más altaneras provienen de los mismos representantes del Gobierno que no solo han descalificado a la Corte sino que han incluso elevado la temperatura hasta sugerir que hay que tramitar reformas para limitar sus poderes. Se pregunta uno para quien trabajan y que intereses están defendiendo porque el espectáculo que hemos tenido la pena de presenciar en las últimas semanas es ciertamente vergonzoso. Habrá que recordarles a todos, especialmente a Ernesto Báez que fue el primero en proponer un referéndum de reforma, que lo que confirmó la Corte Constitucional no fue una subida de impuestos. Las condenas, si ocurren, serán el resultado de la demostración de la responsabilidad de los acusados en la comisión de masivos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por los que la justicia los demanda no solo en Colombia.  Báez alega que la ley era legítima por haber salido de un Congreso elegido democráticamente. ¿Será que se le olvido que él mismo contó que es el dueño del 35%?

Con el fallo, la Corte les cerró temporalmente las puertas a los Tribunales extranjeros y al exigir la confesión completa también permite que se conozcan todas las conductas criminales, lo cual les conviene sencillamente porque nadie puede ser juzgado doblemente por la misma causa. A menos que se haga mal. Los grandes beneficiados con ese fallo no son las víctimas sino los paramilitares.
 A la luz de su nueva realidad, el contenido de esta ley, amplio en interpretación como es, abre las puertas para proponer opciones valerosas que permitan aplicar una justicia que en efecto sea proporcional y que contribuya a la paz. A cambio, el fallo legitima un proceso viciado desde el principio como bien lo expresan los salvamentos de voto, reafirma la independencia de la justicia sin desconocer el hecho político descomunal de la desmovilización y lo blinda de un seguro desenlace en un Tribunal Internacional en el que no habrá ni clemencia ni alternativas. Es imposible que el fallo haya arruinado el proceso, porque proceso no hay. Ese proceso esta por hacerse enteramente y la iniciativa ahora es política. Pero si esa iniciativa no es transparente, lo echarán a perder todo. 

El fallo obliga, en una coyuntura política excepcional, a repensar enteramente este proceso que carece de contenidos, de verificación integral y de una agenda vinculante para las partes, en la que se aborden los temas esenciales que se han evadido inexplicablemente y sin cuya resolución seguirá prolongándose la guerra. Riesgos hay muchísimos, los efectos negativos empiezan a sentirse con fuerza.

¡Pero cuidado! Desde hace 7 años estoy abogando por alternativas para el procesamiento de combatientes de mandos medios y bajos usando mecanismos de justicia transicional articulados alrededor de la confesión completa de los crímenes y su vinculación a trabajos que permitieran resarcir el daño causado, como el desminado, la erradicación manual de cultivos y la ubicación de fosas comunes. Hace casi 4 años lo presenté en un debate público pero los entonces representantes del Gobierno se mostraron muy confiados en conseguir la impunidad total, haciendo una interpretación temeraria de las Convenciones de Ginebra. Por supuesto, fracasaron; aquello era criminal.

Haciendo esta salvedad, tengo que agregar que hoy las posibilidades de éxito en la aplicacón de estas fórmulas han disminuido no solo por el tiempo y la confianza perdidos por el engaño y la falta de consensos derivados de la incapacidad del Comisionado Restrepo para conciliar, ampliar la plataforma y reunir los consensos necesarios sino porque se han diluido considerablemente las cadenas de mando y el DDR ha sido tan precario e incapaz de contener riesgos conocidos, que hoy tenemos a los mismos comandantes paramilitares aplicando estas fórmulas alternativas por fuera de cualquier marco de negociación para detener la degradación de los escenarios locales, lo cual es increíblemente errado. 

Vicente Castaño está haciendo erradicación manual de cultivos ilícitos en Amalfi; Salvatore Mancuso está tratando de contener la tala ilegal de bosques, haciendo erradicación manual de cultivos ilícitos, articulando las familias de los combatientes para facilitar su reinserción y cooperando con la identificación de fosas comunes. Otros jefes paramilitares hacen lo propio. Sin embargo, estas actividades por fuera de una agenda de negociación vinculante no solo son baldías, sino que terminarán por arruinarlos. Habrá quien piense que lo merecen, pero lo cierto es que si ellos fracasan, fracasa con ellos el ala cooperativa de esa negociación y fortalece a la otra fracción, la que continúa ampliando su poder a sangre y fuego y fusionándolo con el de las mafias.

Si ellos fracasan, sus bases entrarán a engrosar las filas de la amenaza más grande que enfrenta el Estado Colombiano: la única franja de la economía que espera a los ex combatientes con los brazos abiertos para darles trabajo seguro y bien remunerado es la del crimen organizado. Es allí donde terminará empleado el grueso esos combatientes si se continúa con la política del ‘ignoramus’ de la que tanto echa mano este gobierno para deshacerse de los problemas que no quiere reconocer.

Ese nivel de irresponsabilidad central ha impedido igualmente que la comunidad internacional se sume al proceso con decisión y no lo harán mientras no se definan unas reglas de juego claras y seguras. Ese soporte, hasta ahora indeciso porque también allí ha trascendido la división que se vive en Colombia, dependerá indudablemente de que el Presidente envíe señales poderosas sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con la paz y el más decisivo de esos mensajes será la elección misma del reemplazo del Comisionado Restrepo. Si el Presidente no consigue redefinir ese proceso, no hay duda de que fracasará.

El problema es que cuando el criterio central parece más el de la satisfacción de cuotas burocráticas que el de la concepción de una política de paz a la altura del desafío, las probabilidades de éxito se reducen sustancialmente. La impresión que se tiene desde afuera es que la pelea por el poder entre las distintas facciones del uribismo ha alcanzado extremos peligrosos. Habrá que cambiar el nombre de la Casa de Nariño por La Casa de las Dagas Voladoras: el nivel de conspiraciones y de insultos generan malos augurios y ya echaron a perder un primer impulso de la Comunidad Internacional de apoyar el proceso, luego del entusiasmo que generó el discurso de victoria del Presidente Uribe.

Un ejemplo  de las implicaciones que tendrá la elección del próximo comisionado se sintieron muy fuertemente cuando el solo rumor del nombramiento de un político conocido por su agudeza para los arreglos institucionales como Valencia Cossio generó gran estupor al haber sido percibido como parte de una estrategia reactiva del gobierno para contener los posibles daños causados por el fallo de la corte. Se necesitará allí a un líder capaz de hablar el lenguaje de la diplomacia internacional y la justicia, cercano y conocedor de la situación de las víctimas, creíble, honesto y capaz de crear consensos y de contarle a todas las partes sobre la realidad de sus aspiraciones y de su responsabilidad en el éxito de este proceso. Y por supuesto, rodeado de un equipo robusto y altamente especializado de trabajo. Esperemos que, por la paz de Colombia, el Presidente sea capaz de pensar en el país en su conjunto y no solo en sus amigos.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de viajar a los Montes de María y presenciar la poderosa transformación que allí se esta gestando por cuenta de una sociedad que en conjunto –porque aquí se reúnen todos y sin exclusiones– desea superar con determinación la violencia. No podrán hacerlo si el liderazgo central falla. Esperemos estar a la altura de su esperanza de construirse un futuro sin miedo.

*Autora de ‘Desactivar la Guerra. Alternativas Audaces para Consolidar la Paz’. Ed. Aguilar, 2005

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