Por Silvia Otero*
Especial para UN PASQUÍN

El gobierno se enorgullece mostrando los avances y éxitos de la política de Seguridad Democrática. En su cuenta, éste se muestra como el que más ha combatido y golpeado a los grupos armados, pues de hecho las capturas, bajas y desmovilizaciones han aumentado significativamente en los últimos cuatro años. Sin embargo, para nadie es un secreto que en estas cuentas son pocos los comandantes y cabecillas de guerrillas y paramilitares que han caído, y que por tanto, son muchos los combatientes rasos que han terminado o muertos, o presos.

Ante este panorama vale la pena preguntarse quiénes son estos combatientes que engordan las estadísticas “exitosas” del gobierno. Algunos estudios han indicado que aproximadamente el 70% de los miembros de los grupos armados se componen por menores de 25 años, y que incluso los niños menores de 15 conforman la cuarta parte de los efectivos de las FARC y la quinta parte en el caso de las AUC. Por tanto no sería una sorpresa pensar que son en gran parte niños y jóvenes los que caen en los flamantes operativos de la Seguridad Democrática y el Plan Patriota.

Hace algún tiempo UNICEF se preguntó por las motivaciones que esgrimen los niños y jóvenes al ingresar a los grupos armados, y encontró que el 67% de ellos lo hacen por salir de la pobreza o por búsqueda de reconocimiento. Es decir que dos tercios de esos niños y jóvenes encuentran en los grupos armados las oportunidades de ascenso socioeconómico que no ofrecen ni la escuela, ni la familia, ni la comunidad.

Esto tampoco debería sorprendernos. Hace algunas semanas la Procuraduría reveló en el informe El derecho a la educación que tan solo el 34.1% de la población entre 5 y 17 años accede a una educación de calidad. El otro 65.9% o está por fuera de las instituciones educativas, o pierde el año o no adquiere las competencias y destrezas necesarias que debería ofrecer una educación de calidad. Muchos son los niños y jóvenes que permanecen marginados de la oferta educativa que constituye, a su vez, el canal de ascenso socioeconómico por excelencia.

Por esto no es de extrañar que la guerrilla y los paramilitares sustituyan rápidamente los combatientes abatidos, desmovilizados y capturados. En muchas regiones de Colombia los grupos armados se erigen como “la oportunidad” para las generaciones más jóvenes, frente a la precariedad de las posibilidades que ofrece la vida legal e institucional.

Mientras tanto, el gobierno considera que es más efectivo aumentar el dinero destinado a la defensa que invertir en rubros como la educación. Así, desde 2002 el porcentaje del PIB dedicado a educación preescolar, básica y media ha venido disminuyendo del 3.30% al 3.11% en 2004.

¿Qué pensar entonces de un gobierno que en vez de ofrecer educación ofrece bala en los campos y ciudades colombianas? ¿Qué destino esperan entonces de las generaciones que constituyen el “futuro del país”? Una realidad descorazonada, y un panorama desolador se perfilan, cosa que, además de tantas otras, tampoco ha de sorprender.