Por Juan Manuel López Caballero*
Especial para UN PASQUÍN

Sorprende la actitud de los funcionarios oficiales y el tratamiento que han dado los medios y los comentaristas a las declaraciones de los voceros del paramilitarismo ante lo que se ha divulgado del fallo de la Corte Constitucional en relación a la Ley de Justicia y Paz.

No parece llamar a nadie la atención el que se expresan como si estuvieran en la misma posición de antes de la ‘desmovilización’. No aparece la pregunta o la inquietud de porqué sucede esto.

Tampoco se profundizó en el supuesto momento de la ‘entrega’ porqué los catorce mil armados que había al comienzo del Gobierno se convirtieron en 34.000. O porqué no aparecieron los niños reclutados en esas filas tal cual había sido constatado tanto por el Gobierno como por las ONGs. O un listado –aún si fuera falso- de las tierras de las cuales se apoderaron y las cuales en principio sería lo mínimo que tendrían que devolver.

No se conocen a nivel del público ni siquiera el número y los nombres de los comandantes que se ‘acogieron’ a este proceso, ni mucho menos que es lo que los acompaña tanto en personal como en armamento.

Mientras por un lado según la Defensoría y la Comisión de Derechos de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de la OEA los grupos han vuelto a armarse (en ambos sentidos de la palabra), sus jefes son tratados como generales victoriosos ante los cuales toda deferencia es poca y toda limitación es indebida: no solo no se conoce restricción a sus movimientos ni censura a sus amenazas, sino por el contrario gozan de protección especial y mas reconocimiento o atención a sus exigencias políticas que las de cualquier ciudadano.

Ninguna sentencia de la Corte Constitucional ha producido tantas ambigüedades, controversias o demoras como la que los afecta: es la hora en que se conoce como desean ellos que salga pero no como la redactará en últimas la Corte: ¿deberán acumularse los delitos que habían sido diferenciados y en algunos casos sentenciados antes para que en ningún caso paguen por nada diferente de la pena reducida que contempla su confesión de ‘paramilitarismo’? ¿O ni siquiera pagarán ese mínimo y se les descontará este periodo en que cual héroes nacionales se pasean por cuenta y protección del Estado y son en la práctica tratados con cuchara de plata adondequiera que se presentan? ¿Bastará en términos económicos que devuelvan los bienes indebidamente adquiridos manteniendo intocable el resto de su patrimonio mientras las victimas no reciben ninguna indemnización?

La realidad es que casi se puede decir que no se ha avanzado en nada, en la medida en que lo único que parecía concreto –el desarme o desactivación de los grupos– se presenta ahora como una jugada estratégica que en nada cambia el poder real de ese sector.

La sensación que queda es la de algo parecido a la negociación del TLC: por un lado, que no sabemos nada de su contenido y que el acto de fe que expresan sus defensores ni se basa o se manifiesta en argumentos o hechos reales, ni responde a los análisis que intentan presentar sus críticos; que pareciera que hay más negociaciones por debajo de la mesa que por encima; y sobre todo que quien tiene el sartén por el mango es la contraparte y el Gobierno está decidido a acomodarse a lo que sea necesario para no defraudarla.