Por Jaime Castro*
Especial para UN PASQUÍN

La Constitución de 1886, a juicio del más ilustre de sus autores, instauró una “monarquía electiva”. Las reformas de que fue objeto le permitieron regir hasta 1991 o sea 105 años. La reelección presidencial inmediata cambió todo el sistema político colombiano. Organizó una “monarquía plebiscitaria” porque concentra buena parte del poder en manos del Jefe del Estado y convierte las elecciones presidenciales en acto de respaldo y apoyo al gobernante de turno.

Gracias a la reelección, el Presidente –candidato hace las veces de jefe de debate de sus amigos aspirantes a Senado y Cámara y obtiene, por esa vía, mayorías que garantizan la aprobación de sus iniciativas en el Congreso y la anulación del control político que deben ejercer las Cámaras. Con esas mismas mayorías se integran Corte Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y Consejo Electoral gobiernistas. Se eligen Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo amigos. Periodo de 8 años también asegura la designación de todos los miembros de la Junta del Banco de la República y permite “tomarse” la Comisión de Televisión. Con la Fiscalía General ocurre otro tanto. Por eso quien fue Fiscal hasta hace poco ahora es Embajador y su sucesor era Viceministro de Justicia. Así los poderes ejecutivo, legislativo y parte del judicial, y los organismos de control, quedan en manos de quien ostenta las cuádruple condición de Jefe de Estado y de gobierno, Suprema autoridad administrativa y Comandante de las fuerzas armadas. Desaparecen los contrapesos propios de los regimenes democráticos.

Quienes sostienen que las consecuencias anotadas son producto de voluntad ciudadana expresada en las urnas, no advierten que, en Colombia, la reelección inmediata rompe el pluralismo y el equilibrio democráticos sin que ninguna ley de garantías, por completa que sea, pueda restablecerlos. Por eso nunca se había permitido que el Presidente, con base en presunto o real apoyo popular, continuara en el ejercicio del mando. Ni siquiera que lo intentara. Se sabía que como candidato tendría todos los instrumentos y factores reales de poder a su favor, mientras que quienes se atrevieran a retarlo harían campaña a la intemperie. También, cómo se resolvería la competencia entre favores recibidos –pocos o muchos, pero de todas maneras favores- y los ofrecimientos de los demás aspirantes. Convenía evitar que el poder se utilizara con fines electorales y poner freno a la atracción que ejerce sobre quienes no resisten ocho años por fuera de él. Como todo lo anterior cambió, en esta campaña la Presidencia no estuvo en juego (siempre se supo quien ganaría). Sus resultados se anunciaron desde cuando el Congreso decidió tramitar la reelección. Si los autores de la iniciativa hubiesen pensado lo contrario, no la habrían presentado, o la hubiesen propuesto a partir del 2010.

En las presidenciales los ciudadanos respondieron pregunta única sobre la persona y la gestión del Presidente (¿quiere Ud. 4 años mas de seguridad democrática?). No hubo controversia ni confrontación de ideas y programas porque los plebiscitos se votan, no se debaten. El candidato oficial no concurrió a los debates que organizaron medios nacionales y extranjeros. Ganó porque desde antes de Napoleón III los gobiernos ganan los plebiscitos que convocan. Gobernadores y alcaldes, mayoritariamente, estuvieron a su servicio porque creen que les puede garantizar su propia reelección. Los candidatos de oposición no tenían ninguna opción de triunfo. Más que una propuesta política representaron la anti-reelección y el anti-uribismo. Las “elecciones” simplemente midieron el respaldo que tiene el Gobierno, su sintonía con la opinión y el apoyo con que inicia nuevo periodo. Por todo ello la reelección inmediata entre nosotros no construye institucionalidad ni democracia. Sólo sirve para que el gobernante de turno viva la apoteosis de su gloria pasajera.