Por Pablo Casas Dupuy*
Especial para UN PASQUÍN

Paradójicamente la política gubernamental por la que la opinión pública, e inclusive varios opositores, le reconocen mayores logros al gobierno Uribe, es una de las políticas cuyos resultados dejan más que desear. Si bien es cierto que durante este gobierno se han reducido considerablemente los secuestros, las extorsiones y los homicidios, según ciertos indicadores utilizados para hacer seguimiento al conflicto, los grupos alzados en armas aún no han sido golpeados significativamente y los resultados de “la guerra” contra estos no son todavía favorables a las fuerzas del Estado.

Por ejemplo, los ataques por iniciativa de los grupos irregulares al margen de la ley contra la fuerza pública han aumentado considerablemente en los últimos 4 años. Entre 2001 y 2005 estos pasaron de aproximadamente 350 ataques por año a 550 por año. Durante 2003 estos ataques subieron a más de 700. Paradójicamente, de todos los grupos al margen de la Ley, las Farc ha sido el que más ha aumentado su actividad bélica, pasando de 200 ataques en 2001 a más de 350 en 2005(1). Así mismo, en lo que va corrido de este gobierno se ha incrementado el número de municipios atacados por la guerrilla. Mientras que entre 1997 y 2000 fueron atacados aproximadamente 391 municipios, entre 2001 y 2004 este número ascendió a 436. Por su parte los grupos paramilitares también incrementaron su actividad bélica entre 2001 y 2004, pues pasaron de realizar aproximadamente 7 ataques por iniciativa propia contra la fuerza pública en 2001 a más de 20 en 2004(2). El año pasado estos disminuyeron nuevamente a raíz de los procesos de desmovilización.

En materia de ataques realizados por iniciativa de la fuerza pública contra los grupos al margen de la ley, estos han disminuido de manera importante durante los últimos tres años. Mientras que en el año 2003 se realizaron 2,414 ataques por iniciativa de la fuerza pública, en el 2005 solo se realizaron 1,772. Así mismo, la letalidad de los ataques por parte de las fuerzas del Estado ha disminuido desde que se implementó la Política de Seguridad Democrática. Mientras que entre 1998 y 2001 el promedio de bajas por combate fue de 1.8, entre 2001 y 2004 este promedio se redujo a 1.4(3).

Peor que antes
Uno de los indicadores que más llama la atención es el de los actos de sabotaje. En efecto, comparando los tres primeros años del gobierno del Presidente Uribe con los tres primeros años del gobierno Pastrana, los atentados realizados por los grupos al margen de la ley contra torres de energía y antenas de comunicación, aumentaron en un 78% y 41% respectivamente (4) durante este gobierno. Por otra parte, entre el 2004 y el 2005, los ataques contra la infraestructura energética se incrementaron en un 149%, los ataques contra la infraestructura petrolera se incrementaron un 45% y los ataques contra la infraestructura vial se incrementaron un 275% (5).

El incremento del número de ataques por iniciativa de la guerrilla contra la fuerza pública, el incremento de los ataques de sabotaje contra infraestructura estratégica, y la mayor cobertura de municipios atacados por esta, indican sin duda que su capacidad militar está intacta. En ese sentido, lo que ha ocurrido es que la dinámica del conflicto ha cambiado. Si bien ya no son frecuentes los secuestros masivos en las carreteras, ahora lo son las voladuras de torres de energía. Si bien ya no son comunes los ataques y el secuestro de grandes unidades militares, ahora son más frecuentes los ataques a unidades móviles de la fuerza pública. Si bien antes el conflicto se concentraba en unas regiones del país, hoy día se ha hecho extensivo a más puntos del territorio nacional.

Hoy más que nunca, las áreas efectivamente controladas por el Estado son menos. Si bien el estado ha hecho un gran esfuerzo por hacer nuevamente presencia en cabeceras municipales que habían sido desprovistas del servicio de policía dando así la percepción de “control” y seguridad, ésta presencia parece ser inocua pues éstas unidades policiales no pueden salir del perímetro urbano sin ser atacadas y hostigadas por la guerrilla o por paramilitares, que son quienes ejercen el verdadero control territorial alrededor de dichas cabeceras municipales.

Por otra parte, la disminución de los ataques contra la guerrilla por iniciativa de la fuerza pública así como la disminución en la letalidad de estos, evidencian que la fuerza pública llegó a un máximo nivel de operatividad cuando recibió la inyección de recursos del Plan Colombia, pero estos no han sido suficientes para sostener un mismo ritmo de ofensiva, resultando en un desgaste de estas a partir de 2003.

¿Improvisación?
El Gobierno Uribe asumió desde el inicio de su gestión, que la guerra se podía ganar sin primero adecuar el sector defensa y seguridad a las necesidades de una confrontación de esa magnitud. Equivocadamente el Gobierno resolvió que el problema se reducía a exigirle implacablemente resultados a las Fuerzas Militares y de Policía, descabezando generales y oficiales a diestra y siniestra.

Si este es un Gobierno cuya prioridad es ganar la guerra lo primero que debió hacer fue un diagnóstico detallado y profundo de la estructura y situación del Sector Defensa preguntándose si esta era la adecuada para obtener los resultados deseados. Desafortunadamente, el asunto de ganar la guerra en nuestro país no es tan sencillo como lo ha venido asumiendo el Gobierno. Este asunto amerita muchos más recursos, más estrategia y una profunda reingeniería de las fuerzas de seguridad. Sin entrar en mayores precisiones, para ganar la guerra se requiere duplicar el esfuerzo que hasta el momento se ha hecho. Se necesita por lo menos el doble de los recursos económicos destinados para ello hasta el momento, y se requiere por lo menos duplicar el pie de fuerza de los organismos de seguridad del Estado.

Sin embargo, tanto el modelo de seguridad nacional, como las instituciones del sector, presentan problemas estructurales y funcionales muy serios, los cuales impiden a los hombres que las integran presentar los resultados que se les exigen. Existen grandes inconsistencias entre los roles y las funciones de las fuerzas que componen el modelo de seguridad de la Nación, tal como ocurre entre Policía y Fuerzas Militares. Los sistemas de inteligencia y análisis de información, aún no están adecuadamente coordinados para que su función se traduzca oportunamente en los operativos deseados, los modelos de formación del personal ameritan una profunda revisión para adecuarlos a nuestros escenarios de guerra y conflicto, y los niveles de corrupción e infiltración de los organismos estatales por parte de la delincuencia son aún significativos.

*M.A. en International Security Studies. Analista en temas de Defensa y Seguridad.
Email: casaspab@gmail.com