El karma nacional

Por Leopoldo Villar Borda
Especial para Un Pasquín 

Dándole el significado que comúnmente se atribuye a la palabra –aunque no corresponde estrictamente al original–, el presidente Juan Manuel Santos calificó en estos días el catastrófico invierno que se ha llevado por delante vidas y bienes a lo largo del país como “el karma” de su Gobierno. Si se considera que las pérdidas humanas, los daños materiales y los sufrimientos causados por las inundaciones y los derrumbes aquejan especialmente a los pobres, lo correcto sería llamarlo “el karma nacional”. Y aun así, estaríamos lejos de identificar el fenómeno que más propiamente merece el calificativo, entendido como castigo, penitencia o simplemente destino.

Al fin y al cabo, el invierno es pasajero. Algo mucho peor, que se remonta a los principios de la República y no da trazas de desaparecer, es la ‘maldita’ codicia (para usar otro adjetivo utilizado por el Presidente respecto al clima) que ha llevado desde siempre a los dueños del poder y el dinero en Colombia a perpetuar su dominio sobre la tierra, a las buenas y a las malas, valiéndose de una estrategia que también utiliza, como su contraparte, “todas las formas de lucha”.

¿De qué valdrán las leyes y las buenas intenciones sobre restitución de tierras, reparación de víctimas, atención a desplazados y combate a la pobreza mientras  la mano negra que ha denunciado el propio Mandatario siga atravesándose, como lo ha venido haciendo por dos siglos, en el camino de hacer de este un país menos desigual, que muchas veces con timidez, otras con audacia, algunos dirigentes visionarios intentaron recorrer, siempre con escaso o ningún éxito?

Basta remontarnos al año de 1936, el hito histórico más memorable entre los raros períodos de nuestra historia en los que un gobierno progresista intentó hacer justicia en el campo, para apreciar la capacidad de impedirlo que siempre han tenido los grandes intereses. Con un mandato popular incontestable y apoyado por un Congreso en el que, por primera vez, estaban en minoría las fuerzas retrógradas que dominaban la escena política pocos años antes, el presidente Alfonso López Pumarejo consiguió entonces la aprobación de la primera ley encaminada a corregir la inequitativa distribución de la propiedad agraria, la célebre Ley 200 de 1936. ¿Y cuál fue la respuesta de la caverna conservadora, aliada a los terratenientes, banqueros y comerciantes que habían prosperado bajo el régimen anterior? Primero, una lluvia de demandas de propietarios ausentistas, asesorados por los eternos tinterillos que inventan y prolongan litigios. Luego la violencia, que interpretó cabalmente los llamados a “la acción intrépida” de Laureano Gómez contra el gobierno liberal, y de la cual seguimos viviendo las secuelas.

Tendrían que pasar 25 años signados por las peores formas de esa violencia para que otros dos presidentes visionarios lograran impulsar una nueva versión de la Ley 200, la Reforma Agraria de 1961, y para que los campesinos colombianos alentaran otra vez la esperanza de tener su pedazo de tierra y disfrutarlo en paz. Pero sabemos bien cuán corta fue esa dicha. Y muchos pesares y muertos después, en esta primera década del siglo 21 parece que estuviéramos rebobinando la película. Basta ver las denuncias que se divulgan a diario sobre los despojos de tierras, a la luz del día, con la complicidad de funcionarios, notarios y otras gentes “prestantes”, como los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados por nadie menos que el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

¿Qué va de los ‘chulavitas’ de la primera Violencia y los ‘pájaros’ de los tiempos de Rojas Pinilla a los ‘paras’ o ‘bacrimes’ de hoy? ¿En qué pararon las promesas de tantos candidatos que en los discursos emularon a López Pumarejo y los dos Lleras, pero en las acciones no les dieron al tobillo? ¿Será Juan Manuel Santos el llamado a poner fin, definitivamente, a ese karma que pesa desde hace tanto tiempo sobre las masas campesinas colombianas, y  que por inmerecido tampoco debería llamarse así? Ya quisiéramos que sí. Pero esta no es simplemente una cuestión de voluntad personal. Todavía hace falta cambiar muchas cosas (comenzando por el zoológico que habita el Capitolio Nacional) para que Colombia realmente empiece a cambiar. Son muchos los intereses que han arraigado en el mundo político, en el de los negocios y, por supuesto, en el de la tierra, para que la sola promulgación de una ley consiga en unos meses lo que no se pudo en dos siglos. Parafraseando a García Márquez, tristemente hay que aceptar que este pueblo, condenado no a cien, sino a doscientos años de soledad, no parece que esté a punto de tener su primera, sino su segunda oportunidad sobre la tierra.