Se puede decir que es evidente que el Gobierno no entendió (y tal vez no ha entendido) el paro estudiantil. Y en verdad es difícil entenderlo. Pero no por falta de razones –como parece asumirlo el Gobierno– sino por las múltiples y dispersas que se le pueden atribuir.

El conflicto inicial fue por un artículo que permitía o propiciaba la formación de entidades privadas para subsanar el déficit de las entidades públicas. Ese fue el tema de la ‘privatización’ propiamente, la que llevó al retiro del correspondiente artículo de proyecto.

Pero otros temas de contenido y de orientación siguen siendo cuestionados por los estudiantes. Estos van desde la visión de que es una ‘profundización’ de la ley 30 en vez de una transformación, en la medida que se le mantiene el carácter de ‘mercancía’  a la educación al atacar el problema por el lado de subsidiar la demanda (conservando el enfoque de que es un privilegio accesible a quienes logren conseguir con qué pagarla) y no tratarlo como un derecho universal por el cual debe responder el Estado; pasan por  inconsistencias como pretender que los nuevos cupos se van a crear con sumas muy inferiores a los existentes; hasta temas casi marginales como el rechazo a la posibilidad de que las fuerzas militares entren a los predios universitarios.

Por otro lado hay factores o aspectos más genéricos o paralelos que esperan de la reforma. Las carreras no parecen diseñadas para las necesidades de la sociedad, o en todo caso la demanda de profesionales no coincide con la cantidad y nivel de los que se gradúan, de donde la insatisfacción con la función de la educación universitaria tanto en relación al conjunto social como a los individuos.

Según The Economist, el desempleo de los jóvenes parece ser el factor que tienen en común las diferentes manifestaciones que se dan en el mundo, siendo éste en casi todas partes el doble del desempleo total (en Colombia 22% contra 10%; en España 42% contra 20%). Que sea esto una crisis del capitalismo, o de su versión neoliberal, o solo como un defecto corregible, la coincidencia y simultaneidad del fenómeno hace pensar que es un mar de fondo en el cual el proyecto de reforma solo cumple la función de agitarlo. Y coincide con que en la opinión pública comienza a verse que el gobierno muestra mucho de anuncios pero poco de resultados, generándose un caldo de cultivo para decírselo en las plazas, ya que con la ‘Unidad Nacional’ no aparecen otros escenarios o voceros que cumplan esa tarea.

Y no se puede dejar de lado el mal manejo de las autoridades: el no haber concertado, y ni siquiera ‘socializado’ el proyecto con los diferentes estamentos afectados fue un error garrafal; la insistencia en que al retirar el tema de la privatización desaparecía la razón de los protestarios, repitiendo que eso no lo entendían los estudiantes, tuvo más la connotación de una descalificación a la contraparte que de un argumento en un diálogo; y sobre todo volverlo una confrontación de fuerzas no fue la mejor solución.

El gobierno ha dado mucha importancia a reorganizar en general la administración, pero poco o nada a cambiar las políticas de Estado. La pregunta es si esta ‘rebelión’ culmina con la reforma, o si es solo el inicio de una presión que llevará a una reorientación que preste más atención a lo social.